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Código Penal establece dos años de prisión por culpa en el caso Jet Set

El jurista destacó que en caso de múltiples sentencias, “la condena más alta se ‘come’ las demás”, es decir, no se suman de forma acumulativa.

Santo Domingo.- Cuando una persona resulta muerta o herida debido a imprudencia o descuido, como se sospecha pudo haber ocurrido en la madrugada del pasado martes en la discoteca Jet Set, la ley permite iniciar un proceso por homicidio involuntario.

El abogado Francisco Álvarez señala que el artículo 319 de dicho código contempla penas de hasta dos años de prisión para este tipo de delitos, lo que representa un obstáculo importante a la hora de procurar justicia en situaciones como la del centro nocturno donde fallecieron más de 225 personas, si finalmente se determina que hubo negligencia luego de la investigación correspondiente.

El jurista destacó que en caso de múltiples sentencias, “la condena más alta se ‘come’ las demás”, es decir, no se suman de forma acumulativa.

El artículo 319 del Código Penal aborda el homicidio involuntario, una figura que se aplica cuando la muerte de una persona ocurre por descuido, sin que existiera intención directa de provocar ese desenlace. Para que esta tipificación proceda, deben cumplirse ciertos elementos previos, como la posición o responsabilidad del implicado dentro de la estructura donde ocurrió el hecho. Por ejemplo, se evalúa si la persona tenía funciones administrativas o de control en el lugar del incidente.

Este tipo de responsabilidad penal suele compararse con situaciones donde un individuo, por imprudencia, causa daño a terceros. Un ejemplo típico es el de alguien que transporta una silla mal asegurada en un vehículo y esta, al caer, causa lesiones a otra persona. Aunque no exista intención de provocar daño, la acción puede dar lugar a un proceso penal.

Además, se advierte que existen actos sin intención directa, pero con un nivel de riesgo tan alto que la ley los considera más graves. Un caso ilustrativo es el de los disparos al aire, donde el potencial de causar un daño mortal es significativamente alto, lo que agrava la responsabilidad penal.

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