SANTO DOMINGO.- Las cantidad de muertes provocadas por la explosión del pasado lunes en San Cristóbal ha provocado que las autoridades dominicanas entren en contradicción, ya que los números registrados por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), es oficialmente de 28 muertos hasta el momento, mientras que este viernes la información oficial del Ministerio Público arrojan un registró de 31 fallecidos a causa de la explosión.
Se recuerda que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde los cuerpos de los fallecidos han sido llevados para evaluación, pertenece a la Procuraduría General de la República.
El Ministerio Público tiene evidencias que comprometen la responsabilidad penal de responsables que, con sus acciones, causaron la muerte a decenas de personas y provocaron pérdidas millonarias en San Cristóbal producto de una fuerte explosión el pasado lunes.
El órgano judicial dice tener prueba de que el pasado mes de marzo en la empresa donde se produjo el incendio se registró un fuego ocasionado por el contacto entre chispas y un químico y los responsables de Vidal Plast no tomaron ninguna medida, a pesar de saber el elevado riesgo de sus operaciones.
El Ministerio Público tiene prueba de que el pasado mes de marzo en la empresa donde se produjo el incendio se registró un fuego ocasionado por el contacto entre chispas y un químico y los responsables de Vidal Plast no tomaron ninguna medida, a pesar de saber el elevado riesgo de sus operaciones.
Al mismo tiempo, los investigadores siguen un protocolo de investigación con los cuerpos recuperados, de los que ya se identificaron 7, de acuerdo a los estándares forenses y humanitarios que son aplicados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y el Ministerio de Salud Pública.
“En el Ministerio Público tenemos a varias personas bajo investigación. Desde que se produjo la explosión y se inició el incendio los equipos de la fiscalía están movilizados con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público”, indicó Fadulia Rosa Rubio, fiscal titular de San Cristóbal.
