SANTO DOMINGO, RD- La Junta Directiva Nacional del Colegio Médico Dominicano (CMD) emitió un vehemente llamado público a las autoridades del Gobierno Nacional y del sector salud para que atiendan de manera prioritaria y con soluciones definitivas una serie de demandas fundamentales que impactan directamente el ejercicio profesional de los médicos y la atención de la población.
Entre los reclamos principales, el gremio médico exige una respuesta clara e inmediata respecto al pago pendiente a los galenos que cuentan con más de 15 años de servicio ininterrumpido. Asimismo, el CMD demandó el cumplimiento urgente del pago por concepto de guardias presenciales y por distancia, una situación que afecta críticamente al personal asignado a la provincia de Samaná y a otras demarcaciones del país.
Para garantizar una atención digna y eficiente a los pacientes, el gremio médico solicitó la apertura inmediata de nuevas plazas vacantes, al tiempo que exigió el cumplimiento fiel y riguroso de los acuerdos sobre la jornada laboral docente-asistencial.
En relación con las condiciones de infraestructura y seguridad, el CMD demandó el reforzamiento urgente de los protocolos de seguridad física dentro de los centros hospitalarios y la intervención programada de infraestructuras de salud que permanecen inconclusas o en desorden operativo, destacando de manera particular la situación que atraviesan el Hospital Salvador B. Gautier y el Hospital Padre Billini.
Por otra parte, la Junta Directiva Nacional informó que se mantiene en seguimiento activo ante el Tribunal Constitucional, donde continúan las discusiones sobre dos artículos pendientes que impactan al sector médico, tras haber logrado previamente la modificación favorable de otros tres artículos normativos.
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Finalmente, con relación a los procesos judiciales vinculados al denominado caso «SeNaSa 2.0», el Colegio Médico Dominicano ratificó su exigencia de respeto irrestricto al debido proceso y a la presunción de inocencia. El CMD rechazó de forma categórica la criminalización generalizada del ejercicio médico y el uso automático de la privación de libertad como medida de coerción, instando a los órganos de justicia a aplicar medidas menos gravosas que garanticen una tutela judicial efectiva sin lesionar los derechos fundamentales de los profesionales de la salud.
