En un comunicado conjunto, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay señalaron que esa medida es “otro intento de silenciar” a González Urrutia y agregaron que “desconocer la voluntad popular venezolana, constituye persecución política”.
“Nuestros esfuerzos serán firmes y continuos para exigir a las autoridades venezolanas garantizar la vida, la integridad y la libertad de Edmundo González Urrutia”, señalaron.
El Ejecutivo peruano afirmó que “este amedrentamiento evidencia, una vez más, el desconocimiento de la voluntad popular y el recrudecimiento de la represión gubernamental”.
El Gobierno de Chile rechazó la orden de detención tras condenar “cualquier forma de represión en contra de los opositores al régimen dictatorial en Venezuela” e hizo “un llamado a que se respeten los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos y venezolanas”.
Argentina, por su parte, denunció que “en un contexto de violaciones masivas de derechos humanos ante las protestas populares desatadas tras un burdo fraude electoral, el régimen pretende cercenar la lucha por la democracia y la libertad, persiguiendo a los líderes de la oposición, los cuales son víctimas de una despiadada persecución política, violentando todos sus derechos fundamentales en un marco de terrorismo de estado”.
Mientras tanto, el Gobierno de Ecuador consideró que “los supuestos delitos que se le imputan al señor González Urrutia muestran claramente la persecución política, el irrespeto a la separación de poderes y de las garantías del debido proceso”.
Más voces en apoyo a González Urrutia
El Gobierno español condenó “cualquier intento de cercenar” los derechos fundamentales de todos los venezolanos, incluidos los líderes de la oposición, afirmó la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, al referirse a la orden de detención contra el dirigente opositor.
Por su parte, el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, recalcó que la persecución política “constituye un crimen más en la permanente y continua lógica jurídica de violación sistemática de los derechos humanos en el país”.
El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, rechazó “categóricamente” la orden de detención contra el abanderado de la oposición mayoritaria y exhortó “a las autoridades venezolanas a que respeten su libertad, integridad y derechos humanos”.
El Gobierno de Italia también condenó “enérgicamente” la orden de captura contra el opositor, convocó a la jefa de misión de la Embajada de Venezuela en Roma para expresar su preocupación por la crisis e instó de nuevo a las autoridades venezolanas a hacer públicas las actas electorales con el fin de proceder a “su inmediata verificación independiente”.
El secretario general de la ONU, António Guterres, “sigue muy de cerca” la situación en Venezuela, “incluida la orden de arresto contra el líder opositor Edmundo González”, dijo su portavoz, Stéphane Dujarric.
La Justicia venezolana acusa a González Urrutia de “usurpación de funciones”, “forjamiento de documento público”, “instigación a la desobediencia de leyes”, “conspiración”, “sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)”.
La investigación guarda relación con la publicación de una página web, en la que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) asegura haber cargado “el 83,5 % de las actas electorales” recabadas por testigos y miembros de mesa para demostrar lo que consideran “fraude” electoral, pues afirman que González Urrutia ganó los comicios por amplio margen sobre el actual presidente del país, Nicolás Maduro
