En el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana hemos quedado perplejos frente a los términos del comunicado de prensa emitido por la Cancillería haitiana en el día de ayer. En este se informa a la opinión pública que los incidentes acontecidos el día 7se originaron por acciones provocadoras realizadas por el Ejército de República Dominicana, las que incluyen supuestas violaciones del espacio haitiano, tanto aéreo como terrestre. Según el comunicado, “observadores” indicaron que los militares dominicanos habían violado el territorio haitiano, aparentemente como respuesta a lo que se considera como una incursión haitiana en suelo dominicano, algo que rechazamos rotundamente.

Está confirmado que los eventos en cuestión fueron iniciados por ciudadanos haitianos que irrumpieron en territorio dominicano excavando una zanja en territorio dominicano con el propósito de impedir las labores de las patrullas fronterizas.

Mientras llevaban a cabo esa acción arriaron y se apropiaron de una bandera dominicana que demarcaba nuestro suelo patrio. También, vandalizaron la pirámide número 13. Todo eso ocurrió con el apoyo de personas portando armas de fuego, de incierta filiación institucional, ya que aún no sabemos si pertenecen a algún cuerpo oficial haitiano. La gravedad de estos hechos está muy bien documentada, no por supuestos “observadores” mencionados en el comunicado haitiano, sino por grabaciones videográficas que se difundieron ampliamente el mismo día. En ellas se muestra a los militares dominicanos intentando convencer pacíficamente a los violadores de su error al considerar la nueva valla perimetral inteligente que se construye en la zona como el límite fronterizo.

Frente a esos hechos, en una conversación telefónica entre los cancilleres Roberto Álvarez y Jean Victor Geneus este dijo que esa acción era inaceptable y, se comprometió a enviar inmediatamente a uno de sus cuerpos policiales para detener la usurpación territorial que estaba ocurriendo. En efecto, esa fuerza llegó al lugar al caer la tarde y la turba se fue deshaciendo, volviendo la calma en la zona. Sin embargo, a la mañana siguiente, otro grupo intentó destruir la pirámide número 13 que, si bien no lo lograron, si la dañaron significativamente.

Aún más grave ha sido el comunicado de prensa de la cancillería haitiana que aquí comentamos, en el cual se nota veleidad extrema, cuando se hace eco de “observadores” no identificados, desestimando las informaciones provistas por el ministro Álvarez, así como las pruebas videográficas y los testimonios de personas sensatas del lado haitiano. En ese comunicado se muestra una tendencia manipuladora que intenta presentar a los dominicanos como los provocadores, cuando en realidad son quienes han mostrado gran ecuanimidad frente a los depredadores. El único herido de esos incidentes fue un ciudadano haitiano agredido a pedradas por sus propios connacionales al intentar tranquilizar la turba.

Tenemos derecho a pensar que la buena fe y la transparencia mostrada por la parte dominicana ha sido instrumentalizada por las autoridades haitianas para no asumir la responsabilidad de enfrentarse a quienes han impuesto la situación que se viene presentando desde que se inició la ilegal construcción del canal sobre el río Dajabón.  

Aquí, lo sucedido es una violación flagrante al territorio dominicano por parte de sectores que, hasta hace poco, se nos decía que actuaban autónomamente. Hoy nos preguntamos si realmente existe la voluntad de “remediar el conflicto” de la parte haitiana.

Hacemos un enérgico llamado a las autoridades haitianas para que asuman el control del orden en su territorio y eviten nuevas situaciones que sigan agravando la ya delicada situación.

Asimismo, solicitamos al Gobierno haitiano una ratificación pública informando que no cuestionan en ninguna medida la actual delimitación fronteriza basada en los acuerdos de 1929, 1935 y 1936.

Afirmamos que República Dominicana no ha violado de manera alguna la integridad territorial haitiana.

El Gobierno de República Dominicana reitera su voluntad al diálogo franco, transparente y responsable para resolver la actual crisis, pero manifiesta igualmente de manera contundente que tomará, con apego a derecho, todas las medidas necesarias para preservar su integridad territorial.