Santo Domingo.- La Corte de Apelación del Distrito Nacional, concedió libertad condicional a Eduardo Rivera Pichardo, hijo del empresario Enmanuel Rivera Ledesma, ambos implicados en una presunta estafa inmobiliaria que afectó a cientos de personas con un monto superior a RD$700 millones, cuyo entramado fue desmantelado en la denominada «Operación Nido«.
Las autoridades judiciales determinaron cambiar la medida de coerción de Pichardo a libertad bajo presentación periódica, una fianza de RD$5 millones y prohibición de salida del país.
Mientras, su padre, Enmanuel Rivera Ledesma, deberá continuar cumpliendo los 18 meses de prisión preventiva en el centro penitenciario Najayo Hombres.
Las víctimas de la estafa inmobiliaria denunciaron que Eduardo Rivera Pichardo jugó un rol fundamental en el manejo de cuentas involucradas en el presunto fraude, y afirman que el Ministerio Público cuenta con evidencia sólida que vincula a Rivera Pichardo con las actividades fraudulentas.
«Aquí no hay justicia. Eduardo era quien manejaba la cuenta de la estafa, y el Ministerio Público tiene todas las pruebas», declaró una de las afectadas.
Además de los Rivera, otros miembros de la familia y colaboradores están bajo investigación. Entre los acusados se encuentran Mirna Catalina Rivera Ledesma, hermana de Enmanuel; el financiero Juan Omar Rosario López, vinculado a la empresa Indisarq, SRL; y Reilin Arismendy Rosario García, quien actualmente cumple arresto domiciliario. También figuran María Gabriela Rivera Pichardo, hija de Enmanuel, y Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, su esposa, quienes tienen medidas de coerción que incluyen garantía económica, localizador electrónico y prohibición de salida del país.
El Ministerio Público acusa al grupo de estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos, señalando que engañaron a múltiples personas que invirtieron millones en proyectos inmobiliarios inexistentes.
Las víctimas, que continúan exigiendo justicia y compensación, aseguran que los responsables deben enfrentar todo el peso de la ley para reparar el daño causado y disuadir futuros fraudes en el sector inmobiliario.
