SANTO DOMINGO.- Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, conocerá la tarde de este martes, la solicitud de medida de coerción a los implicados en el caso de la Operación Calamar.
Se desconoce si la audiencia de medida de coerción será conocida por la jueza Kenya Romero o si se designará a otro juez.
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), depositó la noche de este lunes, ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, la solicitud de medida de coerción en contra de los arrestados en la Operación Calamar, los cuales son parte de una red de corrupción que distrajo al Estado dominicano más de 19 mil millones de pesos.
Al depositar el expediente, la Coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, indicó que el Ministerio Público ha solicitado la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida coercitiva y la declaratoria de complejidad del proceso.
En la operación, ejecutada el pasado sábado, fueron realizados 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, logrando el arresto de 20 personas.
En la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva están detenidos el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero; Julián Omar Fernández, así como el abogado Ángel Lockward.
También Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
