Santo Domingo.- Este viernes continúa la audiencia en la que se conocerá la solicitud de medida de coerción contra la madre de una niña de tres años que presuntamente fue agredida en el municipio de Nagua y que falleció el pasado sábado, luego de ser trasladada con múltiples lesiones al hospital público Doctor Antonio Yapor Heded.
De acuerdo con las investigaciones, la menor presentaba traumatismos recientes en el rostro, el tórax y otras partes del cuerpo, además de lesiones antiguas en el cuello. El Ministerio Público sostiene que las heridas evidencian la gravedad de las agresiones que presuntamente sufrió la niña.
Ante estos hechos, el órgano acusador solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia María Trinidad Sánchez imponer 12 meses de prisión preventiva contra Mailin Hernández Familia, quien fue arrestada en flagrante delito en el referido centro de salud, adonde llegó con la menor en estado delicado.
El MP calificó provisionalmente los hechos como infanticidio y acto de tortura y barbarie, conforme a los artículos 92, numerales 4 y 5, y 117 del Código Penal, así como los artículos 12 y 396 de la Ley 136-03, que protege los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
De ser hallada culpable, Mailin Hernández Familia, acusada por la muerte de su hija de tres años en Nagua, podría enfrentar una condena de entre 30 y 40 años de prisión, conforme al artículo 92, numerales 4 y 5, del Código Penal dominicano, que sanciona el homicidio agravado cometido contra menores de edad o descendientes del responsable. Asimismo, el artículo 117 contempla penas de hasta 40 años cuando los actos de tortura o barbarie provocan la muerte de la víctima.
Aunque el Ministerio Público calificó provisionalmente los hechos como infanticidio y actos de tortura y barbarie, la definición tradicional de infanticidio se refiere a la muerte de un recién nacido, mientras que la víctima de este caso tenía tres años. La acusación también incluye presuntas violaciones a los artículos 12 y 396 de la Ley 136-03, que protegen la integridad de los menores y sancionan el maltrato infantil. Finalmente, la pena que finalmente podría recibir la imputada dependerá de los delitos que se demuestren durante el proceso judicial.
