SANTO DOMINGO, RD.- Ante el aparente incremento de muertes en supuestos intercambios de disparos y los debates sobre los derechos humanos, juristas consideran que la defensa de estas garantías también debe abarcar otros escenarios de violencia que afectan a la sociedad dominicana.
Las muertes de cerca de 40 personas señaladas como presuntos delincuentes, que habrían sido abatidas en supuestos intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional, continúan generando cuestionamientos.
No obstante, la Constitución de la República establece que el derecho a la vida es inviolable, por lo que toda actuación de las autoridades debe respetar las garantías fundamentales de los ciudadanos.
Desde el punto de vista jurídico, las ejecuciones extrajudiciales están prohibidas. En ese sentido, ante los enfrentamientos entre agentes policiales y presuntos delincuentes, corresponde determinar si los miembros de la institución actuaron en legítima defensa y si sus vidas se encontraban en peligro.
La especialista en derecho penal Anny Guzmán cuestionó el papel que desempeña la Comisión Nacional de los Derechos Humanos frente a los distintos hechos de violencia que también ponen en riesgo la vida de ciudadanos inocentes.
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Tras estos acontecimientos, juristas consideran necesario que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron las muertes y determinar posibles responsabilidades.
