La controversia salió a la luz mediante una presunta demanda presentada este jueves ante el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en la que los productores alegan que el cantante y su equipo cambiaron las condiciones económicas inicialmente acordadas, luego de que siete de las ocho funciones alcanzaran localidades agotadas.
De acuerdo con el documento judicial, las presentaciones proyectan una recaudación bruta de 5.7 millones de dólares por la venta de aproximadamente 84,000 boletos, con lo que el artista habría superado el récord de conciertos de bachata que mantenía Aventura en ese recinto.
Los demandantes, representantes de Plug and Play LLC, Chad Events LLC y Legado Events Corp., sostienen que el acuerdo inicial establecía una distribución de las ganancias netas de 55 % para los productores locales y 45 % para el equipo del cantante.
Sin embargo, aseguran que el 20 de octubre recibieron una nueva propuesta de Michael Antonio Quevedo Infante, representante del artista, quien planteó mantener la división original únicamente para el primer concierto y establecer un reparto de 80 % para Dalvin y 20 % para los productores en las otras siete funciones.
La propuesta también incluía una garantía de 300,000 dólares por presentación para el bachatero, derechos audiovisuales a favor del artista y un límite de un millón de dólares en gastos de producción para los ocho espectáculos.
Los productores afirman que las nuevas condiciones fueron planteadas después de que avanzara la venta de entradas y se realizaran inversiones en publicidad, transporte aéreo y alojamiento, sin que existiera un contrato escrito que formalizara el acuerdo inicial.
Ante esta situación, solicitaron al tribunal que reconozca la validez del reparto original de 55/45 y que impida al artista y a sus representantes interferir con la venta de boletos, los acuerdos con la administración del Coliseo y la distribución de los ingresos.
También pidieron que las ganancias de los espectáculos permanezcan separadas hasta que se realice una contabilidad bajo supervisión judicial.
Además de Dalvin Antonio Núñez Vargas, nombre de pila del cantante, figuran como demandados Michael Antonio Quevedo Infante y Ángel David Paredes López, ambos vinculados a la estructura empresarial que representa al artista.
Hasta el momento, la controversia judicial pone en incertidumbre la realización de las ocho presentaciones previstas para enero, siete de ellas con entradas agotadas.
