SANTO DOMINGO.- El exministro de Economía, Planificación y Desarrollo Juan Ariel Jiménez, alertó que los diputados quieren aprobar esta semana una ley de fideicomiso público que “sería un enorme retroceso a la transparencia y la institucionalidad”.
A través de un hilo en su cuenta de Twitter, el miembro del Comité Político del PLD informó que la pieza en el artículo 13 exime a los fideicomisos públicos de cumplir con la ley de compras y contrataciones, sustituyéndola por un “reglamento propio de cada fideicomiso”.
“Esto es violatorio a la Ley 340-06 artículo 2 y a la sentencia del TC 0305 de dic de 2014”.
Indicó que estos fideicomisos públicos podrán comprar y contratar “como les de la gana”, sin la debida competencia y transparencia que establece la ley de compras para toda entidad que use fondos públicos. “Esto es relajar los controles en el manejo de fondos del Estado”.
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Resto de la nota
La propuesta de ley en el artículo 13 exime a los fideicomisos públicos de cumplir con la ley de compras y contrataciones, sustituyéndola por un “reglamento propio de cada fideicomiso”.
Esto es violatorio a la Ley 340-06 artículo 2 y a la sentencia del TC 0305 de dic de 2014.
— Juan Ariel Jiménez (@JimeneznJuan) December 27, 2022
En el artículo 8 establece que la deuda contraída por el fideicomiso no es deuda pública, lo que evita requisito de aprobación congresual y registro en Crédito Público. En otras palabras, un permiso para endeudarse sin que nadie lo tenga que aprobar.
Permitir un endeudamiento extra presupuestario y extra balance contradice las buenas prácticas definidas en los manuales de estadísticas fiscales y de deuda del FMI, Banco Mundial, OECD, BIS, etc.
El proyecto no contempla cumplimiento del debido proceso de la administración financiera del Estado (ej: aprobación de contratos y pagos por Contraloría). En pocas palabras, se busca “facilitar el uso de recursos públicos” mediante el no cumplimiento de las leyes y los controles.
En artículo 10 posibilita que en comité técnico los funcionarios públicos no tengan mayoría. Esto es poner en la administración de lo público a personas que no tienen los debidos controles y limitaciones de funcionarios públicos (ej: exclusividad funciones o declaración jurada.
Este gobierno confía mucho en los fideicomisos, las privatizaciones y las APPs. Solo el año pasado se transfirieron recursos por más de 15 mil millones de pesos a fideicomisos, y se tiene fideicomisos para todo: reforma policía, becas, marca país, exportación tilapias, etc.
Pero la estructura de fideicomisos NO PUEDE sustituir ni suplantar las estructuras de gobierno. Tenemos un fideicomiso de policías y a una Policía Nacional. Un fideicomiso de becas y un MESCYT. Un fideicomiso Pro-Pedernales y un Ministerio de Turismo.
No podemos tener un gobierno paralelo vía fideicomisos que disponga de fondos públicos por fuera del sistema de administración financiera del Estado y sin los debidos controles definidos por las leyes. Eso destruye la institucionalidad y la transparencia.
