HATO MAYOR.- El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, pidió que en el caso de las presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) se aplique un régimen de consecuencias y que quienes resulten responsables respondan ante la justicia, sin importar su posición.
“Mi papá y mi mamá murieron de cáncer. Por lo tanto, para mí la salud es un eje central en mi vida. Tuve que sufrirlo de joven. Yo llamo a que el régimen de consecuencias se aplique de manera real, que caiga quien caiga y que sirva de ejemplo para que todo servidor público entienda lo que es la honestidad y el manejo pulcro”, expresó Ulloa.
El funcionario ofreció estas declaraciones durante una jornada en Hato Mayor, donde encabezó en la UASD Centro Hato Mayor una charla-taller sobre el nuevo Código Penal, en la que orientó a la ciudadanía sobre sus derechos y responsabilidades. Sus declaraciones se produjeron el mismo día en que el Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra 2.0-A, una nueva fase de la investigación sobre el presunto fraude al SeNaSa.
Como parte de esta operación, las autoridades realizaron 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, y 28 personas fueron arrestadas, entre ellas médicos y otros prestadores de servicios de salud, según informó el procurador adjunto Wilson Camacho.
El Ministerio Público sostiene que la investigación busca determinar la participación de exempleados del SeNaSa, médicos y otras personas en un presunto esquema para defraudar a la ARS estatal por miles de millones de pesos. Durante los operativos fueron ocupados dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego y otros bienes, de acuerdo con las autoridades.
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Antecedentes del caso SENASA
La investigación se inició con la Operación Cobra, mediante la cual fueron procesados el exdirector del SeNaSa Santiago Hazim Albainy y otros imputados. El Ministerio Público atribuye al grupo investigado presuntos delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y lavado de activos.
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El pasado 5 de agosto, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva de 18 meses contra Hazim Albainy y otros procesados, mientras que Ada Ledesma Ubiera cumple arresto domiciliario luego de una variación de su medida por razones de salud.
Además, el Ministerio Público ha desarrollado otras líneas de investigación vinculadas al caso, entre ellas la Operación Onco14, relacionada con presuntas irregularidades en el Instituto Oncológico Regional del Cibao y el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, incluyendo alegados fraudes clínicos y farmacéuticos, doble facturación al SeNaSa y otras maniobras bajo investigación.
La nueva fase de la investigación mantiene bajo escrutinio a médicos, prestadores de servicios de salud y otras personas, mientras el Ministerio Público continúa recopilando evidencias y avanzando con los procedimientos judiciales correspondientes.
