Redacción.- Una denuncia ha sido revelada por el Observatorio de Vigilancia al Cumplimiento de la Política Pública en el Deporte Ecuatoriano (ODDE). En un oficio presentado ante el presidente del Congreso de Ecuador, Edison Mendoza, coordinador del ODDE expuso una presunta red de corrupción dentro del Comité Paralímpico Ecuatoriano y la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDEDI).
Este escándalo involucra la participación de personas que, aparentemente sin tener ninguna discapacidad, han competido en eventos paralímpicos, beneficiándose indebidamente de recursos destinados a los atletas que sí tienen una discapacidad.
El ODDE, según se indica, es una entidad acreditada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en 2018. El observatorio menciona que desde hace aproximadamente cinco años, han recibido información confidencial sobre actos de corrupción que afectan directamente a los deportistas con discapacidad en el país. La red que exponen habría permitido que deportistas sin discapacidad, con la complicidad de entrenadores y dirigentes deportivos, accedieran a “clasificaciones funcionales fraudulentas”, otorgándoles elegibilidad para competir en eventos paralímpicos y, en algunos casos, obtener reconocimientos y beneficios económicos.
Según el ODDE, Santiago David Chango Pilataxi, director técnico metodológico del Comité Paralímpico Ecuatoriano, y Walter Oswaldo Haro Ruiz, director técnico metodológico de la FEDEDI, son señalados como los principales responsables de esta presunta red de corrupción. Estos dirigentes habrían facilitado que deportistas sin discapacidad obtuvieran de manera fraudulenta la clasificación funcional necesaria para competir en eventos paralímpicos. Este fraude se habría extendido incluso a nivel internacional, como en los Juegos Parapanamericanos de Toronto en 2015, donde Ecuador obtuvo su primera medalla de oro en salto largo, un logro que ahora está bajo sospecha, de acuerdo a la denuncia del observatorio.
El proceso de elegibilidad para los deportistas con discapacidad intelectual es riguroso y debe cumplir con estándares internacionales establecidos por entidades como VIRTUS, la Federación Internacional de Deportes para Atletas con Discapacidad Intelectual. Por ejemplo, el atleta debe tener un coeficiente intelectual de 75 o menos, lo cual es un indicador de discapacidad intelectual según los criterios internacionales, además debe mostrar limitaciones significativas en el comportamiento adaptativo (en las áreas conceptuales, sociales y prácticas). A esto se suma que la discapacidad intelectual debe haber sido diagnosticada antes de los 22 años.
La denuncia también señala a Sonia Patricia León Jara, actual presidenta del Comité Paralímpico Ecuatoriano y ex presidenta de la FEDEDI, como una de las figuras involucradas en esta red de corrupción. Según el ODDE, León Jara habría estado al tanto de estos actos y habría permitido que continúen, beneficiándose incluso económicamente a través de “vacunas” o sobornos exigidos a los deportistas y empleados del Comité Paralímpico.
