Redacción.- La expansión de la represión estatal en Nicaragua ha generado una alerta internacional sin precedentes, al documentarse una maquinaria de persecución sostenida y financiada desde el propio Estado.
El informe presentado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU este 10 de marzo de 2026 y al que cita medios como Infobae, revela que fondos públicos desviados sostienen un aparato de control que impacta tanto en el país como en el exilio.
En ese contexto, el informe sostiene que el desvío de recursos públicos, originalmente asignados a asistencia social y servicios urbanos, permitió fortalecer una estructura paralela de vigilancia y control político.
El documento de 26 páginas detalla que funcionarios, empleados estatales y empresas vinculadas al poder participaron en la ingeniería financiera que respalda las operaciones represivas, utilizando conceptos como “bonos económicos” o “asistencia humanitaria” para encubrir el destino de los fondos.
La “Operación Limpieza”, desarrollada desde 2018, se señala como un hito en la represión. El informe explica que se trató de una serie de acciones violentas para desmantelar protestas opositoras y afianzar la autoridad gubernamental, marcando un punto de inflexión en la intensidad de las violaciones a los derechos humanos.
Los expertos en derechos humanos a través de una investigación exhaustiva detectaron que la represión tomó un curso escalonado a partir de 2018.
Inicialmente, el Estado enfrentó las protestas con fuerza excesiva y violencia sistemática. Desde 2021, la persecución se tornó más selectiva, centrada en líderes opositores, periodistas, estudiantes y críticos dentro del propio sandinismo, recurriendo a detenciones arbitrarias y campañas de hostigamiento.
El incremento del control se consolidó a partir de 2022, con la persecución de sectores como la Iglesia católica y la erradicación de cualquier forma de disidencia dentro del Estado y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Desde 2023, el informe afirma que la represión también se dirigió a quienes están en el exilio, extendiendo los ataques y la vigilancia fuera de las fronteras nacionales.
