SANTO DOMINGO.- Tras el anuncio del Gobierno de restringir festividades en playas públicas y privadas durante el asueto de la Semana Santa 2024, organizadores y empresarios en la playa de Punta Popy en Las Terrenas, provincia Samaná comenzaron a desmotar las tarimas que estaban previstas para llevar a cabo distintas actividades musicales en esa localidad.
Se recuerda que el pasado lunes el ministro de la Presidencia, Joel Santos, anunció que durante el asueto de la Semana mayor las fiestas masivas públicas o privadas serían restringidas en las zonas de playa a nivel nacional en unas declaraciones ofrecidas durante la reunión del Consejo de Seguridad en el Palacio de la Policía Nacional, alegando que con estas medidas se brindara mayor seguridad a la población durante estos días al igual que ayudara a mantener el orden público.
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— Noticias Telemicro (@NTelemicro5) March 28, 2024
El pasado martes un grupo de empresarios artísticos y de eventos rechazaron la medida del Gobierno, que restringe las fiestas masivas públicas o privadas en las zonas de playa durante el asueto de Semana Santa, calificando de arbitraria y en detrimento del sector.
Lamentaron que las autoridades hayan tomado la decisión sin notificarlo y que de mantenerse la medida perderían cientos de millones de pesos, ya que tienen decenas de eventos preparados, artistas contratados y miles de habitaciones reservadas y boletas vendidas.
El abogado de ese grupo, José Martínez Brito, declaró “a partir de este momento queremos plantear es que quisiéramos que las autoridades puedan retomar la cordura en ese sentido porque las medidas tomadas son discriminatorias, clasistas, atentan contra el derecho de la libre empresa y no atienden a las funciones del Estado cuando atiende que el sector es regulado”. Continuó: “Que sea regulado no quiere decir que es la íntima convicción del funcionario es que decide quién recibe un permiso o no”.
Lamentó que luego de que ellos pidieron los permisos y pagaron los impuestos correspondientes para realizar esos eventos, de la noche a la mañana las autoridades decidan cancelar esas actividades, sin hacerle ninguna notificación, ya que se enteraron en los medios de prensa.
Sin embargo, el mismo Martínez Brito dijo que “cada una de las actividades tiene que contar con dicha permisología y cada una de esas actividades cuenta con la permisología, salvo las de Medio Ambiente e interior y Policía”.
Martínez Brito señaló que cuando se toma en consideración las actividades programadas a nivel nacional se habla de inversiones que involucran más de mil millones de pesos, tomando en cuenta la reservación de los artistas, la venta de boleta, y la solicitud de hoteles.
“Esta es un medida que atenta contra el derecho a la libre empresa, es discriminatoria, dictatorial, clasista y contraria a todo lo que promueve el Estado, sobre inversión nacional y extranjera”, expresó el abogado José Martínez Brito, vocero de los empresarios artísticos y de eventos.
Lamentó que luego de que ellos pidieron los permisos y pagaron los impuestos correspondientes para realizar esos eventos, de la noche a la mañana las autoridades decidan cancelar esas actividades, sin hacerle ninguna notificación, ya que se enteraron en los medios de prensa.
