Redacción.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que la Administración del presidente Donald Trump no está preparando ninguna acción militar en Venezuela, aunque dejó claro que no se descarta ninguna opción si la presidenta interina, Delcy Rodríguez, no coopera con Washington.
«Les puedo asegurar con total certeza que no estamos preparando, ni tenemos la intención, ni esperamos tener que tomar ninguna acción militar en Venezuela en ningún momento», expresó Rubio durante su comparecencia ante el Senado, donde presentó los planes del Gobierno estadounidense para el país sudamericano.
Las declaraciones se producen luego de que Rubio enviara un documento por escrito al Senado en el que no se descarta “el uso de la fuerza” como medida para presionar al Gobierno interino venezolano a colaborar con la Administración Trump.
Durante la audiencia, el jefe de la diplomacia estadounidense explicó que la única presencia militar de Estados Unidos en Venezuela corresponde a infantes de Marina encargados de la seguridad de la embajada.
No obstante, subrayó que el presidente Trump, en su rol de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, “nunca descarta sus opciones” para proteger los intereses nacionales. Como ejemplo, mencionó que, si surgiera una amenaza directa, como una fábrica de drones iraníes que ponga en riesgo a fuerzas estadounidenses en la región, el mandatario conserva la opción de neutralizarla.
Consultado por los legisladores sobre una posible notificación al Congreso ante una eventual acción militar, Rubio señaló que no se prevé una operación sostenida en Venezuela, por lo que no sería necesario informar a los parlamentarios. «Todo se está desarrollando en una trayectoria muy diferente en este momento», indicó.
La Casa Blanca tampoco solicitó autorización al Congreso para el operativo del 3 de enero, que culminó con el derrocamiento de Nicolás Maduro y la captura del líder chavista y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan cargos por narcotráfico en Nueva York.
Rubio defendió la actuación del Gobierno estadounidense, argumentando que no se trató de una guerra ni de una ocupación, sino de una operación judicial destinada a arrestar a dos personas requeridas por la Justicia de Estados Unidos.
