SANTO DOMINGO.- El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó este lunes que existen diez empleados suspendidos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), los cuales son miembros del comité de compras y peritos actuantes, por el caso de Transcore Latam, S.R.L. empresa que había ganado licitación para semáforos en el Gran Santo Domingo por unos 1,317 millones de pesos.
Pimentel dijo que la dirección de contrataciones fue apoderada de tres solicitudes de investigación y un recurso jerárquico.
La dirección inició un proceso de investigación cumpliendo el debido proceso y agotando cada una de las etapas, arrojando grandes irregularidades, como documentación alterada y falsificada.
Debido a esto se comenzó un proceso sancionador hacia la empresa, “anulamos el pliego de condiciones, informe preliminar, definitivo y acta de adjudicación”, toda la información que permite que suscite un contrato, manifestó Pimentel.
Aseguró que el Intrant «estructuró todo» para que esa empresa fuera adjudicada y aseveró que esto está demostrado en las cinco resoluciones. Además estuvieron informados de las investigaciones que se estaban llevando a cabo todo el tiempo, pero no hubo respuestas por parte de ellos, hasta que estaban concluyendo la investigación e hicieron una reunión “luego de la reunión empezaron a llegar los medios de defensa”.
Explicó que tuvieron que hacer un rastreo de las empresas para saber que Jochy Gómez era el beneficiario final, y que se ha pagado un 20% que es el anticipo que equivale a 260 millones de pesos.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) llegó hasta los límites que le permiten sus funciones y que remitieron las informaciones a las instituciones correspondientes, como la Procuraduría General de la República (PGR), Unidad Antifraude de la Contraloría, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-competencia), Dirección General de Impuestos Internos (DGII), añadiendo que se encuentran preparados para defender sus decisiones ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
Pimentel dijo que no es suficiente la verificación de una oferta técnica y económica, si no se verifica la veracidad de la información que se está recibiendo y que esa es la función del comité y los peritos actuantes. Agregó que las máximas autoridades deben estar al pendiente y más cuando son montos importantes.
“Nosotros estamos tranquilos cumpliendo con nuestra responsabilidad, hay proyectos que se necesitan para el avance del país, pero deben ejecutarse en base a la legalidad”, finalizó diciendo el director de contrataciones púbicas.
Caso Intrant
Carlos Pimante, explicó que dos de los peritos actuantes coincidieron en el tiempo trabajando con el señor Pedro Vinicio Padovani Báez, exanalista de movilidad sostenible de esa entidad, conforme registros de nómina, es socio mayoritario de la empresa Transcore Latam, SRL., beneficiaria del contrato por más de 1,317 millones de pesos que fue suspendido recientemente por la Dirección General de Contrataciones Públicas, debido a irregularidades que detectó en la licitación del Intrant, por lo que ahí se detectan posible riegos.
La pasada semana la DGCP suspendió el Registro de Proveedor del Estado (RPE) a Transcore Latam S.R.L., empresa a la que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) adjudicó un contrato de 1,317 millones de pesos para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
