En el Congreso Nacional no han puesto en agenda juicio político a jueces de la Cámara de Cuentas
SANTO DOMINGO.- Tras seis meses de haber rendido un informe que sugiere juicio político contra los jueces de la Cámara de Cuentas, el Congreso Nacional no ha puesto el tema en la agenda del hemiciclo.
A pesar de todo el revuelo que causó el caso de la Cámara de Cuentas, tras la revelación de su propio presidente Janel Ramírez que denunció una serie de irregularidades en ese organismo y cuyo tema por más de tres meses ocupó la agenda tanto del Congreso Nacional como de los medios comunicación, hoy todo se quedó en el olvido.
Una comisión especial fue apoderada del caso, intensos debates matizaban el ambiente por días en el órgano Legislativo, largas horas de trabajo y se logró con altas y bajas obtener un informe que recomendaba el juicio político contra los cinco jueces de la Cámara de cuentas.
El revuelo no se hizo esperar, varios miembros de esa misma comisión rechazaban la decisión y aseguraron que se hizo sin contar con el respaldo de la mayoría.
La oposición jugó su papel y se mantuvo firme en rechazar el resultado
Cámara de Diputados tendría la facultad de decidir sobre un eventual juicio político ante el Senado de la República, pero los votos no daban, aún el Partido Revolucionario Moderno (PRM), contando con sus aliados, pues se requería de una mayoría especial de dos terceras partes de la matrícula, equivalente a 127 de 190 diputados
El juego quedó trancado, ha pasado medio año desde entonces y el tema no se puesto en agenda del hemiciclo.
El informe acusa a Janel Ramírez; Elsa María Catano; Tomasina Tolentino, Mario Arturo Fernández y Elsa Peña de ocultar auditorías, alterar actas, nombrar personal de forma irregular, enviar informes incorrectos al Congreso Nacional, así como otras anomalías.
La investigación de los diputados surgió después de que Ramírez dijera ser un preso de confianza del pleno de ese órgano fiscalizador, a la vez que acusó a sus compañeros de tomar decisiones sin consultarle
Una vez han bajado las aguas, al parecer todo se quedará en intenciones de sancionar a quienes integran uno de los órganos más controversiales del Estado dominicano.
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