SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de manera cautelar y de oficio el Registro de Proveedores del Estado (RPE) de cuatro empresas, tras detectar posibles vínculos societarios, comerciales y familiares con personas y compañías investigadas por el Ministerio Público por presuntos delitos contra la Administración pública.
Las empresas afectadas son Grupo Zomo, SRL; Southwest Corporation Dominicana, SRL; Marenas, SRL y Procesadora de Granos de Santo Domingo CK 1000, SRL.
La medida está contenida en el acto administrativo DGCP44-2026-003760, emitido el pasado 14 de septiembre, luego de que procesos de verificación y cruces de información permitieran identificar coincidencias entre estas sociedades y proveedores cuyos registros ya habían sido suspendidos en el marco de investigaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que la decisión se adopta al amparo de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación, el 52-26, con el propósito de proteger los recursos del Estado y garantizar la integridad del sistema de compras públicas.
De acuerdo con la DGCP, existe un riesgo razonable de que sociedades relacionadas con personas o estructuras previamente suspendidas puedan ser utilizadas para mantener de manera indirecta su participación económica en procesos de contratación con el Estado.
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La institución aclaró que la suspensión es preventiva, provisional y no sancionadora, por lo que no implica una declaración de culpabilidad ni prejuzga sobre la responsabilidad penal o administrativa de las empresas o sus ejecutivos.
La medida permanecerá vigente hasta que concluyan las investigaciones judiciales relacionadas con los casos de origen o hasta que se demuestre que desaparecieron las circunstancias que motivaron la suspensión.
La DGCP informó además que remitió el acto administrativo a la Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, DGII, Procuraduría General de la República y PEPCA, para los fines correspondientes.
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La institución reiteró que la medida busca evitar que estructuras vinculadas a proveedores suspendidos puedan eludir las restricciones y continuar participando indirectamente en las compras del Estado.
