Entregan expediente acusatorio del caso Medusa a la Coordinación de Juzgados
SANTO DOMINGO.- La Oficina de Atención Permanente entregó este lunes a las 9:59 de la mañana ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción, el expediente acusatorio contra los implicados del caso Medusa, que fue depositado por el Ministerio Público el sábado en horas de la noche.
Por otra parte, se desapoderó del proceso judicial contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros imputados, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ahora la coordinación deberá de designar una jurisdicción para que lleve el caso.
Además la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) agregó más de 35 nuevos imputados y más de 20 empresas.
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Acusación
El expediente del Caso Medusa establece que el exprocurador Rodríguez Sánchez y los demás imputados integraban una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República en el período 2016-2020 y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Rodríguez Sánchez, Forteza Ibarra y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y el ex subdirector Alfredo Alexander Solano Augusto cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
La ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Igualmente, involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.
El órgano persecutor de la corrupción administrativa les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otras normas.
