SANTIAGO.- Fanny Ortiz Brito, esposa del imputado Alberto de Jesús Polanco en caso de lavado de activos proveniente del narcotráfico denominado “Operación Falcón”, denunció que miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) viven en una de las propiedades incautadas como “perros por su casa”.
La conyugue del acusado alega que los agentes están en su casa desde el 8 de septiembre del 2021 y que han saqueado los artículos de ella y su familia, también que han cambiado los muebles del hogar.
“Me cambiaron los muebles viviendo yo fuera con mis dos hijos pasando trabajo y ellos viviendo cómodos en mi casa”, expresó Ortiz Brito mientra mostraba las condiciones en que se encontraba su casa.
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Expresó que fue a vivir a otra propiedad de su esposo y la sacaron, por lo que ahora está viviendo en una residencia provisional (MVV).
“Entonces ellos aquí han vivido y me han quitado todo, y están viviendo en mi casa y se han llevado todo lo de mis hijos”, acusó.
Sobre el caso
En la Operación Falcón más de 20 personas cumplen medida de coerción por el supuesto entramado criminal de lavado de activos proveniente del narcotráfico, el tráfico internacional de armas y el patrocinio ilegal de campañas políticas para agenciarse protección e inmunidad.
Los imputados son María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.
También, José Alejandro de la Cruz Morales (Omar La Moña); Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Andrés Guzmán Collado y Amadeo Garibaldi Read Ruiz.
El Ministerio Público señala a Erick Randhiel Mosquea (prófugo), como el principal cabecilla y quien pagaba sumas millonarias por la venta futura de combustibles a las empresas distribuidoras, como forma de lavar dinero producto del narcotráfico. Varios de los imputados figuran como administradores de estas estaciones y otros negocios del señalado como cabeza de la red.
Además se hace referencia a que compañías distribuidoras de combustibles estaban acostumbradas a recibir pagos por adelantado y en efectivo de hasta cinco millones de dólares. El entramado criminal que se sostenía con dinero producto del narcotráfico se dedicó así a adquirir estaciones de gasolina en diferentes puntos del país, como forma de lavar los capitales que acumulaba. Además, lograban lavar dinero a través de negocios de entretenimiento, de compra y venta de vehículos, incluyendo de automóviles de alta gama, bancas de apuestas, y compra y remodelación de inmuebles.
Esta supuesta red, que tenía su mando de operación en la provincia de Santiago, contaba con ramificaciones en distintos puntos del país. Un punto neurálgico era el municipio de Miches, desde donde transportaban miles de kilos de drogas y adquirieron múltiples propiedades, desde estaciones de gasolina hasta todas las rutas de transporte del municipio. La red podía observar todos los movimientos en las entradas y salidas, tanto terrestres como marítimas de Miches, así como en puntos del interior del municipio, desde el Coco Restaurant, donde tenían instalados 26 puntos de cámaras de vigilancia.
El grupo de imputados tenía también su propio ‘dealer’ para activar sus líneas de telefonía móvil, en la que usaban sobre todo teléfonos tipo BlackBerry, con el fin de dificultar las interceptaciones telefónicas de las autoridades.
