Santo Domingo.- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conocerá este lunes la decisión sobre 21 incidentes procesales presentados por las defensas del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros acusados en el denominado caso Medusa, relacionado con un presunto entramado de corrupción administrativa que habría provocado un perjuicio superior a los RD$6,000 millones al Estado dominicano.
Entre los incidentes están:
- Exclusión de pruebas: entre los planteamientos de la defensa de Jean Alain Rodríguez figura la solicitud de excluir miles de pruebas aportadas por el Ministerio Público.
- Argumento de plazos: el exprocurador y sus abogados argumentan que determinados elementos probatorios fueron depositados fuera de los plazos establecidos durante la fase de instrucción.
- Informe de la Cámara de Cuentas: entre las pruebas cuestionadas se encuentra un informe de auditoría de la Cámara de Cuentas, cuya validez ha sido objetada por la defensa.
- Devolución de bienes: los representantes legales solicitaron la devolución de bienes muebles e inmuebles incautados durante la investigación. Según sus argumentos, algunas propiedades fueron adquiridas antes de que Rodríguez asumiera funciones públicas, por lo que consideran que no deben permanecer sujetas a las medidas adoptadas dentro del proceso.
Durante la última audiencia, el equipo de fiscales encabezado por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), rechazó los planteamientos de las defensas.
El denominado caso Medusa constituye uno de los procesos judiciales por presunta corrupción administrativa de mayor repercusión pública en República Dominicana.
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez habría encabezado una estructura que presuntamente utilizó mecanismos fraudulentos para desviar recursos públicos durante su gestión como procurador general de la República, entre 2016 y 2020. El expediente atribuye a los procesados supuestos delitos de corrupción administrativa, desfalco, estafa contra el Estado, cobro de sobornos y lavado de activos.
More Read
El órgano acusador sostiene que las operaciones investigadas involucraron más de RD$6,000 millones. Sin embargo, estas imputaciones deberán ser examinadas durante el juicio, respetando el derecho de defensa y la presunción de inocencia de los acusados.
