ESTADOS UNIDOS.- El lobista y exlegislador republicano, Connie Mack, salió en defensa del derecho de Donald Guerrero, quien se encuentra bajo prisión preventiva en el caso Calamar en la República Dominicana, a contratar sus servicios de asesoría para proteger sus intereses y asegurar el cumplimiento del debido proceso en su caso.
Connie Mack expresó que, como residente permanente en los Estados Unidos y hombre de negocios exitoso con una reputación impecable, es el derecho de Donald Guerrero buscar asesoría y asegurarse de que la administración de Biden esté al tanto de las circunstancias que rodean el patrón de violaciones de derechos humanos en su caso.
La respuesta de Connie Mack surge luego de que el Gobierno de la República Dominicana advirtiera, a través de una carta enviada a Diario Libre, que la intención de Guerrero al contratar a Mack IV tenía como objetivo expreso atacar directamente a la figura del presidente de la República, Luis Abinader, así como a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y a la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso.
El vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, afirmó que esa estrategia de ataques incluye a altos funcionarios del Gobierno y es considerada como desestabilizadora.
En su comunicado, Connie Mack alega que Donald Guerrero se encuentra bajo prisión preventiva con la excusa infundada de que su cargo anterior como Ministro de Hacienda podría afectar una investigación de tres años que ha violado los estándares más básicos de justicia penal dominicana, estadounidense e internacional.
El exlegislador aseguró que su único objetivo es garantizar un proceso justo para Donald Guerrero y rechazó las acusaciones de que sus acciones sean desestabilizadoras. Concluyó indicando que continuará documentando la detención de Guerrero y abogando por un proceso justo para el acusado.
Donald Guerrero se encuentra en prisión preventiva por las imputaciones en el caso Calamar, en el que el Ministerio Público alega que se sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, sumados a unos 2,100 millones en deudas administrativas, lo que totaliza más de 19 mil millones.
