Nueva York.- Un grupo de expertos han alertado hoy sobre los peligros «de una creciente crisis mundial del agua» y han presentado en un informe publicado en vísperas de la Conferencia del Agua de la ONU las medidas «urgentes» que consideran que deben abordarse colectivamente para detenerla.
El estudio, elaborado por la Comisión Mundial sobre la Economía del Agua, un organismo auspiciado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Gobierno holandés, advierte, además, de que si se pierde la batalla para salvar el agua «el mundo fracasará también en la acción por el clima y en todos los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU».
Para estos expertos, y a su cabeza el copresidente de la Comisión Johan Rockström, «cualquier visión sobre el cambio climático que excluya al agua es incompleto».
«Por primera vez en la historia de la humanidad, ya no podemos contar con la fuente de toda el agua dulce: nuestras precipitaciones. Estamos cambiando todo el ciclo hidrológico mundial», dijo Rockström, citado en un comunicado que insiste en que la crisis del agua se retroalimenta con el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad.
Entre los próximos 22 y 24 de marzo, la conferencia en la sede de Naciones Unidas buscará recabar compromisos de todo el mundo para lograr una transformación radical en la forma en que se gestiona el agua, primera reunión de este tipo desde 1977.
La ONU espera que al menos doce jefes de Estado y de Gobierno, unos 80 ministros y altos responsables gubernamentales y más de 6.500 representantes de la sociedad civil participen en esta reunión de la que saldrá una nueva Agenda de Acción por el Agua.
Según el enviado especial de Tayikistán para el Agua, Sulton Rahimzoda, de esta conferencia debe salir sobre todo un mensaje de «esperanza».
«Esperanza para los 2.100 millones de personas que todavía no tienen acceso a agua potable segura, para 3.600 millones de personas sin acceso a saneamiento seguro; esperanza para 500 millones de personas que siguen practicando la defecación al aire libre y esperanza para 2.300 millones de personas que viven en países con problemas de agua», explicó el miércoles.
La Comisión Mundial sobre la Economía del Agua propone un puñado de recomendaciones para abordar este reto, como reconocer y gestionar el ciclo del agua como un bien común global, reconociendo la interconectividad y la interdependencia y actuar colectivameente para estabilizar el ciclo del agua, implicando a la sociedad civil, a los gobiernos y al sector privado.
Asimismo, insta a dejar de infravalorar el agua, garantizando, entre otras cosas, «que tenga un precio adecuado» para que se utilice de forma más eficiente y equitativa y pide que se eliminen gradualmente unos 700.000 millones de dólares de subvenciones a la agricultura.
El estudio sostiene que estas subvenciones» a menudo fomentan el consumo excesivo de agua y otras prácticas perjudiciales para el medio ambiente».
Además, la Comisión propone la creación de Asociaciones para el Agua Justa (JWPs, según sus siglas en inglés) «que permitan invertir en el acceso al agua, la resiliencia y la sostenibilidad en los países de renta baja y media, de forma que contribuyan tanto a los objetivos nacionales de desarrollo como al bien común internacional».
Y también consideran clave que se refuercen los sistemas de almacenamiento de agua dulce, que se desarrolle una economía circular urbana del agua, que se reduzca la huella hídrica de la industria manufacturera y que se redirija la agricultura hacia el riego de precisión, cultivos que consuman menos agua y métodos de cultivo resistentes a las sequías.
La ONU ya ha dejado claro que ante la crisis del agua son necesarios urgentemente compromisos y acciones en multitud de ámbitos, desde la protección de acuíferos, la lucha contra la contaminación, el suministro de agua potable o la integración de las políticas del agua con las de clima.
A diferencia de otras grandes reuniones internacionales, los países no negociarán un gran acuerdo, sino que esta nueva Agenda estará basada en compromisos voluntarios de Gobiernos, empresas y otros actores.
