SANTIAGO.- Los abogados que representan a la familia de Donelly Joel Martínez, el niño de 11 años fallecido por disparos de un agente de la Policía Nacional durante un operativo en el segundo desfile del carnaval en Santiago, han solicitado que el imputado sea trasladado de la cárcel de Operaciones Especiales en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, donde cumple prisión preventiva.
Según el jurista Fausto Vásquez, quien habló en nombre de la familia, la solicitud se basa en la información de que el agente, identificado como Alejandro Castro Cruz, supuestamente disfruta de privilegios y pasa tiempo fuera de su celda en compañía de los agentes penitenciarios.
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«Tenemos información de que él está disfrutando de privilegios que un reo común no tiene en una cárcel pública», declaró Vásquez. Además, considera que la cárcel de Operaciones Especiales en Manoguayabo es un centro destinado a miembros de la institución que cometen faltas leves, lo cual no sería adecuado para el imputado.
La Corte de Apelación tiene programado examinar este recurso el próximo 22 de este mes, coincidiendo con la revisión obligatoria de los tres meses de prisión preventiva impuestos al agente como medida de coerción.
La trágica muerte del niño, ocurrida el domingo 12 de febrero, generó un repudio generalizado debido a la presunta mala actuación de los agentes policiales que participaron en el operativo. El menor recibió dos disparos, uno en el pecho y otro en la mano derecha, y falleció en la sala de emergencias de un centro de salud privado en Santiago.
El incidente se produjo cuando los uniformados se acercaron a la peluquería del padre de Donelly Martínez, Antony Martínez, ubicada en las inmediaciones de la avenida Las Carreras esquina calle Mella, con la intención de confiscar el equipo de sonido con el que el niño estaba escuchando música en el frente del establecimiento. Durante el intento de llevarse el equipo, uno de los policías disparó varias veces su arma reglamentaria, alcanzando al niño y provocándole las heridas fatales.
La familia busca justicia y espera que el traslado del agente a otra prisión contribuya a garantizar que se respeten los derechos y que el proceso judicial se lleve a cabo de manera imparcial.
