Santo Domingo.- Representantes de los Derechos Humanos favorecen que tanto la Policía Nacional, como el Ministerio Público, rindan cuentas a la población sobre las muertes de ciudadanos en los denominados intercambios de disparos, a propósito de los más recientes casos al respecto.
La muerte del adolescente fallecido en Monte Plata, durante la persecución de un presunto delincuente y la de otros ciudadanos abatidos a manos de agentes policiales han vuelto a poner sobre el tapete la cuestionable práctica de la uniformada, calificada por muchos como francas ejecuciones.
Y es que al igual que el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, estos representantes de los Derechos Humanos consideran que las autoridades deben ofrecer informes detallados sobre los ciudadanos muertos en estas circunstancias, al igual que las sanciones a los uniformados involucrados.
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De acuerdo al artículo 14 de la Ley Orgánica de la entidad del orden, indican que el uso de la fuerza en conflictos con ciudadanos, sólo será licito como última opción.
El Defensor del Pueblo otorgó a la Policía un plazo de 30 días para entregar las informaciones solicitadas.
