Fijan para el 8 de febrero recurso de apelación contra implicados en caso Super Tucano

Telemicro Prensa
2 Min Read
A Dominican Republic air force A-29 Super Tucano pilot taxis after a mission as part of an exercise to combat illegal drug trafficking Dec. 3, 2013, over the skies of the Caribbean. The exercise is part of the Sovereign Skies Program, an initiative between the U.S., Colombian, and Dominican Republic air forces to share best-practices on procedures to detect, track and intercept illegal drugs moving north from South America. (U.S. Air Force photo por Capt. Justin Brockhoff/Released)

SANTO DOMINGO, RD- Fue fijado para el próximo 8 de febrero el conocimiento del recurso de apelación presentado en contra de la sentencia que descarga a los acusados de recibir sobornos en el caso Super Tucano.

La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Carmen Mancebo, e integrado por Ramona Nova y Rafael Báez, fijó para esa fecha a las nueve de la mañana el recurso presentado por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.

El tribunal ordenó a la secretaria del tribunal notificar el acto de fijación de audiencia al Ministerio Público y a los acusados de recibir soborno.

Se declaró no culpables al mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; al coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y al empresario Daniel Aquino Hernández, así como a las firmas 4D Business Group y Magycor.

El Ministerio Público pidió al tribunal la imposición de 10 años de prisión para Peña Antonio, Piccini Núñez y Aquino Hernández, por la comisión de los delitos que les fueron imputados. Igualmente, solicitó el pago de una multa consistente en US$7 millones.

La Pepca acusa al grupo de imputados de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos en perjuicio del Estado dominicano.

En el transcurso de la investigación el órgano de justicia logró obtener pruebas suficientes que vinculan a los imputados a este acto de corrupción administrativa.

Las indagatorias abarcaron el rastreo de transferencias de dinero en el país y en el exterior, análisis y verificación de patrimonios, examen a movimientos de cuentas bancarias, así como la localización e indagatoria sobre el origen de bienes.

Compartir este artículo