Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), también se une a los organismos que señalan los conflictos entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores y en esta ocasión, la fundación resalta que son los estudiantes los que terminan siendo los perjudicados ante los enfrentamiento de ambas entidades que abarcan a los maestros de las escuelas por lo que se debe accionar de acuerdo a lo acordado en el Pacto por la Reforma Educativa.
«A fin de cuentas, el mayor perjuicio recae sobre los estudiantes que, de manera indirecta, se ven envueltos en conflictos que requieren de programas educativos estrictos y cabalmente direccionados, a fin de garantizar estrategias oportunas para la superación del sector escolar», señala FINJUS.
En un documento de prensa, la fundación entiende que «un aumento de la mejoría del sector educativo no se limita a alcanzar mayores aportes económicos, porque un incremento de la calidad del mismo implica nuevas estrategias que van desde la cobertura de ingreso y reinserción escolar, hasta el diseño de programas de apoyo social como contribución al desarrollo del país».
Asimismo, defiende la trascendencia que posee el servicio público educativo y plantea que deben erradicarse las prácticas que deriven en un deterioro de las condiciones de la educación pública.
FINJUS entiende que las entidades que regulan sectores del sistema educativo deben utilizar como primer herramienta el dialogo consensuado contribuya al desarrollo armónico e integral de la educación dominicana, donde se forjará el clima que permitirá la igualdad de oportunidades entre todos los sectores y redundará en el progreso económico y social del país.
La entidad también expresa su preocupación ante las suspensiones de la docencia y explica que «estas acciones van en contra del Pacto por la Reforma Educativa».
La ADP ha señalado que sus actos tienen como finalidad protestar por las condiciones actuales de los estudiantes en las escuelas, ademas de la calidad de vida de los maestros, pensionados y jubilados.
Indica que el referido Pacto de educación «constituye en una política de Estado, por lo que sus órganos deben hacer cumplir los planes programados, para alcanzar el éxito del sistema educativo, conformado por la comunidad docente, padres, tutores, alumnos y todos los sectores comprometidos con la mejora de la calidad educativa».
FINJUS consideró que «si bien el derecho a la protesta es una facultad constitucional, esta libertad no puede ponerse por encima del derecho a la educación».
En este sentido, explicó que según el Tribunal Constitucional: “la educación tiene por objeto la formación integral del ser humano”. Adquiere una ponderación especial cuando la interrupción de la labor educativa afecta de manera escalonada el servicio que deben recibir los niños, niñas y adolescentes, razón por la cual, entre otras, fue suscrito el Pacto por la Reforma educativa y a lo cual el Tribunal Constitucional, por vía de la misma sentencia, ha destacado que: “este derecho debe ser garantizado a lo largo de toda la vida, adquiere una significación especial en la etapa de la niñez y la adolescencia de las personas”.
