Fiscal general de Venezuela citará por tercera vez a Edmundo González
REDACCIÓN.- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo este miércoles que enviará una tercera citación al ex candidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, para que responda por la publicación de datos electorales en una página web y que las autoridades consideran como una “usurpación de funciones”.
En una rueda de prensa Saab manifestó que “se emitirá una nueva citación”, sin precisar la nueva fecha.
En caso de una nueva falta “el Ministerio Público en su momento anunciará la acción correspondiente en base a la ley”, continuó.
González Urrutia, de 74 años y en la clandestinidad desde el pasado 30 de julio, desatendió los llamados del lunes y martes argumentando falta de “garantías” en el proceso iniciado, luego de que la oposición publicará en un sitio web las actas que demostrarían su victoria.
Las primeras citaciones lo convocan a “rendir entrevista” dentro de una investigación por los delitos de “usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración”.
“No quieren ir a la fiscalía porque van a quedar con los ganchos (esposas) puestos”, dijo Maduro en un acto político. El dictador ya pidió cárcel para él y la líder opositora María Corina Machado, a quienes responsabiliza por la violencia en las protestas poselectorales que dejaron 27 muertos, 192 heridos y más de 2.400 detenidos.
Aumento de la represión en Venezuela
Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este miércoles un aumento de las represión en Venezuela posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuestionadas por gran parte de la comunidad internacional.
La presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, presentó un informe ante un Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrado en la ciudad de Washington sobre la situación de los derechos humanos en el país caribeño.
Esta reunión fue convocada a petición de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay.
Clarke denunció en ese informe, que no fue elaborado sobre el terreno, que la represión ocurrida después de los comicios presidenciales, en los que Nicolás Maduro fue proclamado de forma fraudulenta ganador por las autoridades electorales, “refleja patrones ya observados por la CIDH en las protestas de 2014 y 2017″.
La CIDH dijo haber observado “uso arbitrario de la fuerza” que ha causado al menos 23 muertos y decenas de heridos, así como detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas, con el arresto de más de 1.600 personas, entre ellas un centenar de menores de edad.
“Hostigamiento contra personas percibidas como opositores, censura y restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión”, añadió la abogada barbadense.
Tras la presentación del informe, intervinieron los países que habían convocado la reunión.
Decidieron no hacer uso de la palabra el resto de países, como Brasil, México o Colombia, que han adoptado una posición más mediadora con Caracas.
En ese turno abierto de palabra, el embajador de Paraguay ante la OEA, Raúl Florentín, afirmó “que estas graves denuncias no pueden ser ignoradas por la comunidad internacional”.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reiteró su solicitud a la Corte Penal Internacional (CPI) de imputación de cargos y órdenes de detención contra “los principales responsables” gubernamentales de Venezuela, incluido Maduro.
“El camino de la justicia internacional es un camino en el que seguiremos insistiendo”, advirtió.
El Consejo Permanente de la OEA aprobó hace dos semanas por consenso una resolución exigiendo a las autoridades venezolanas la publicación “de manera expedita” de las actas de las elecciones.
Venezuela no forma parte de la OEA dado que su el régimen chavista decidió retirarse del organismo en 2017 ante lo que consideraba una injerencia de la organización, con sede en Washington, en sus asuntos internos. Su salida se hizo efectiva en 2019.
