La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, defendió la aplicación de penas más severas y proporcionales a la gravedad de los delitos, especialmente en casos de violencia de género, al considerar que las sanciones deben responder al daño causado a las víctimas y a sus familias.
Durante su evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), como aspirante a jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ramos valoró los cambios que introduce el nuevo Código Penal, particularmente la posibilidad de acumular condenas para solicitar castigos más acordes con la gravedad de los hechos.
Como ejemplo, recordó el caso de Yokairi Amarante, la joven que fue atacada con ácido del diablo por orden de su expareja, luego de negarse a continuar la relación. La fiscal consideró que los 30 años de prisión contemplados en ese caso resultaban insuficientes frente a las consecuencias que sufrió la víctima.
Ramos relató que una de las escenas que más le impactó fue cuando la hija de Amarante, al verla por primera vez después del ataque, salió corriendo al no reconocerla. Para la representante del Ministerio Público, esa experiencia evidencia las profundas secuelas que puede dejar la violencia contra las mujeres.
La fiscal también señaló las limitaciones que existían para castigar delitos económicos, como las estafas piramidales, en las que numerosas personas podían resultar perjudicadas mientras los responsables enfrentaban penas que consideró demasiado bajas.
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Ramos manifestó su respaldo al nuevo Código Penal y sostuvo que su efectividad dependerá, en gran medida, de cómo el Ministerio Público aplique la normativa al presentar los casos ante los tribunales, que tendrán la responsabilidad de decidir las sanciones correspondientes.
