Santo Domingo.-El Presidente de la República, Luis Abinader, fue intimado por la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), a fin de que en el proyecto del presupuesto general de la nación para el año 2023, asigne a la Procuraduría General de la República los recursos suficientes para cubrir sus necesidades perentorias de los miembros del Ministerio Público.
La intimación al mandatario, fue hecha por el coordinador general de la entidad, Francisco Rodríguez Camilo, a través del ministerial Isaac Rafael Lugo, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo, mediante acto 304-22, del 20 de septiembre pasado.
En el acto de alguacil también se intima a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, el ministro de Hacienda, José Manuel Vicente (Jochi) y el director general de presupuesto, José Rijo Prebost.
En el aviso y puesta en mora los fiscales piden que en la elaboración, formulación, presentación y aprobación del presupuesto general de la nación para el año 2023 se incluyan las partidas o asignación presupuestaria imprescindibles para que el Consejo Superior del Ministerio Público y la Procuradora General de la República puedan mejorar la calidad de vida y las condiciones de trabajo de los miembros del Ministerio Público.
Advierten en el acto de alguacil de que en caso de no consentir su requerimiento, los fiscales de todo el país podrían paralizar todos los trabajos bajo su responsabilidad, lo que incluye, la persecución, allanamientos, investigación, acusación, vías recursivas y todo el sistema de justicia penal.
Rodríguez Camilo, coordinador general de la Asociación de Fiscales sostuvo que con la asignación de los recursos económicos que le corresponden al Ministerio Público, se cristalizará y consolidará la autonomía funcional, presupuestaria y administrativa consagrada en los artículos 169 y 170 de la Constitución de la República.
Manifestó que de esa manera ese órgano extra poder adscrito al sistema judicial pueda cumplir con las reivindicaciones, las conquistas, y los derechos adquiridos por los miembros del Ministerio Público desde el año 2003, con la promulgación de la Ley No.78-03 (derogada), los cuales fueron incorporados a la Ley No.133-11, Orgánica del Ministerio Público, lo cual nunca se ha cumplido.
