Francisco Domínguez dice “Gobierno no tiene control de lo que pasa en la frontera”
DISTRITO NACIONAL. – El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, se sumó hoy a la denuncia de las organizaciones ambientales del país, agrupadas en la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, las cuales expresan que para el paso del muro fronterizo han sido destruidos miles de metros cuadrados de manglares en el Área Protegida Laguna Saladilla, en Manzanillo, y dicen que se trata de una obra que se construye sin la licencia ambiental correspondiente.
Los ecologistas denunciaron la supuesta destrucción del manglar y otros daños en el proceso de construcción y relleno de una trocha de más de 20 metros de ancho para dar paso a una carretera de más de 20 kilómetros de largo, por donde se levanta el muro fronterizo y que dejaría dividido en dos este Refugio de Vida Silvestre, que además está protegido por la convención internacional RAMSAR.
Francisco Domínguez Brito y los ambientalistas explicaron que esta grave situación no sólo afecta el territorio ya impactado, sino que con este relleno y la construcción del muro a través de un sistema acuático asociado al río Masacre dejaría sin la fuente de agua al manglar situado al Este del muro lo que, según explicaron, generaría un crimen ecológico que podría causar su desaparición, al ponerlo en riesgo de muerte.
La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas lanzó también una alerta ante la potencial pérdida de más de 600,000 metros cuadrados de suelo dominicano, quedarán «aislados» entre la frontera y el muro, dejando sin protección y a merced de los depredadores que azotan esa zona.
Los ambientalistas lamentaron que todo esto haya ocurrido a pesar de que las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente han tenido pleno conocimiento en todo momento de este crimen ambiental, pero se han hecho de la vista gorda bajo el argumento de que se trata de una obra del Estado, pasando por alto los mandatos de la Constitución y las leyes, que ponen bajo su custodia el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y vulnerando la convención RAMSAR ante la cual el propio Estado Dominicano ha colocado bajo protección este humedal de importancia internacional.
