Santo Domingo.- Los funcionarios públicos no podrán tener ningún tipo de participación en empresas que mantengan relaciones comerciales con el Estado, como parte de las disposiciones establecidas en el nuevo Reglamento de Aplicación General de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, aprobado mediante el Decreto 52-26 por el presidente Luis Abinader.
La medida busca reforzar la transparencia, prevenir conflictos de interés y fortalecer los controles en los procesos de compras y contrataciones del Estado, estableciendo reglas claras para quienes ejercen funciones públicas.
Durante el acto de promulgación del reglamento en el Palacio Nacional, el mandatario reiteró que esta reforma forma parte del compromiso de su Gobierno de proteger los recursos públicos y cerrar los espacios donde históricamente se han producido prácticas irregulares.
El nuevo marco normativo establece que las decisiones en materia de contrataciones deberán ser verificables y sujetas a control, alineando al país con estándares internacionales de buena gobernanza y rendición de cuentas.
Las autoridades indicaron que la implementación de la normativa será gradual y estará acompañada de procesos de capacitación y orientación para los servidores públicos y proveedores, a fin de garantizar su correcta aplicación.
