SANTIAGO.- La jueza Wendy Tavárez, del tribunal de Atención Permanente de Santiago, impuso una garantía económica de 100 mil pesos y presentación periódica, como medida de coerción, en contra de un exempleado del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) acusado del robo de más de RD$2 millones 900 mil, mediante el consumo de combustibles de la institución por tarjeta electrónica
Rafaelina Torres, abogada del procesado Fredely Rafael Almonte Abreu, indicó que el Ministerio Público no puede justificar los cargos ya que la tarjeta asignada durante los 7 meses que laboró era de un monto de 3 mil 600 pesos mensuales.
Según la acusación, el joven se presentaba a la estación de combustibles con diferentes personas a los cuales abastecía de combustibles haciendo uso de la tarjeta.
El Ministerio Público solicitaba prisión preventiva contra Almonte Abreu.
