SANTO DOMINGO. El presidente Luis Abinader emitió el Decreto 615-26, mediante el cual declara de alto interés nacional el combate al terrorismo medioambiental, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y respuesta frente a daños graves contra los recursos naturales, ecosistemas e infraestructuras ecológicas estratégicas de la República Dominicana.
La disposición establece que serán considerados terrorismo medioambiental aquellos actos que, por sus medios, gravedad y finalidad, reúnan los elementos constitutivos de terrorismo establecidos en la Ley 267-08 y demás legislación penal vigente. El decreto aclara que no crea un nuevo tipo penal ni modifica o amplía los delitos existentes, por lo que las sanciones deberán aplicarse conforme a la legislación vigente.
Entre los recursos e infraestructuras que recibirán protección especial figuran las áreas protegidas, presas, embalses, lagos, canales de riego, acueductos y plantas de tratamiento de agua, así como cuencas hidrográficas prioritarias, acuíferos, manglares, humedales, arrecifes coralinos, bosques protectores y nacimientos de ríos.
El decreto también ordena reforzar la prevención, vigilancia y neutralización de amenazas contra estos recursos e instruye la elaboración de una Política Nacional para la Prevención y Combate del Terrorismo Medioambiental, con la participación de los ministerios de Defensa, Medio Ambiente, Interior y Policía y Justicia, además de organismos de inteligencia, migración y estructuras antiterroristas.
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Entre las prioridades establecidas se encuentran la protección de cuencas, bosques y áreas protegidas, la prevención de incendios forestales provocados y la protección de infraestructuras vinculadas al agua potable, saneamiento y energía.
Asimismo, las agresiones contra el patrimonio ambiental deberán ser remitidas de manera inmediata al Ministerio Público, que tendrá a su cargo determinar las posibles infracciones, dirigir las investigaciones y ejercer la acción penal correspondiente.
Durante sus declaraciones, Abinader afirmó que durante años varias áreas protegidas no recibieron la atención suficiente del Estado y señaló que su administración ha identificado situaciones relacionadas con incendios y actividades ilegales, tanto de dominicanos como de extranjeros.
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El mandatario advirtió que los incendios provocados no solo destruyen árboles, sino que también afectan fuentes de agua y comunidades, por lo que aseguró que el Gobierno ha decidido actuar de manera drástica frente a estos hechos.
Abinader también indicó que determinadas conductas contempladas en el nuevo Código Penal pueden conllevar penas de entre 20 y 30 años de prisión. Sin embargo, el Decreto 615-26 precisa que no se crea un delito adicional, por lo que cualquier sanción deberá corresponder a las infracciones previstas en la legislación vigente y ser determinada por las autoridades competentes.
Como parte de las medidas, el Gobierno habilitará plataformas tecnológicas y mecanismos confidenciales de denuncia para que los ciudadanos puedan reportar amenazas contra recursos naturales estratégicos, además de contemplar protección para denunciantes y colaboradores de buena fe.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Defensa deberán presentar periódicamente al presidente informes sobre riesgos, amenazas, incidentes y resultados de las acciones implementadas.
Con esta disposición, el Gobierno busca incorporar la protección de los recursos naturales estratégicos dentro de las prioridades de seguridad nacional y coordinación interinstitucional, especialmente ante incendios provocados, actividades ilegales y acciones que puedan poner en riesgo el agua, la producción de alimentos y la seguridad ambiental del país.
