Redacción Internacional, – Diversas organizaciones populares y sindicales, como el poderoso sindicato de la Construcción, protestaron este jueves en las calles de la capital de Panamá para exigir al Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo que «corrija el rumbo» para salir de la crisis económica y social que vive el país principalmente por el alza del combustible.
Al grito de «No dejar a nadie atrás», diversas grupos populares, sindicales y estudiantiles partieron en una marcha desde el céntrico Parque Porras hasta los predios de la Presidencia de la República, con la intención de hacer llegar al Gobierno un pliego de 32 puntos con sus demandas.
En el pronunciamiento, las organizaciones señalan que tomaron la decisión de salir a las calles ante la «grave situación económica, política y social» que atraviesa el país y que se profundizó por la pandemia de la covid-19.
Destacan que las medidas para salir de la crisis «no pueden continuar orientadas a recuperar solamente las tasas de ganancia y a proteger el capital», por lo que plantean a Cortizo «corregir el rumbo y garantizar la protección de las personas y sus garantías fundamental».
Entre sus principales demandas está un incremento general de salarios, jubilaciones y pensiones, así como «alternativas concretas» para que el alza del combustible internacional, con sus efectos multiplicadores, «no afecte los ya altos costos de la comida, medicamentos y servicios básicos y no afecte la operación del transporte».
En Panamá, este viernes el precio del litro de gasolina de 95 y 91 octanos subirá 0,15 y 0,13 dólares, para quedar en 1,42 y 1,33 dólares, respectivamente, mientras que el diésel bajará 6 centavos de dólares, quedando en 1,39 dólares.
«Estamos planteando también que por el alto índice de desempleo que está arriba del 11 %, con más de 200.000 trabajadores sin empleo, debe haber un seguro de desempleo y una política inmediata de empleo para los trabajadores», dijo el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marcos Andrade.
«No puede ser», prosiguió, «que el pueblo sufra lo que está pasando» con esta crisis. «Aquí hay una serie de incentivos para que la empresa privada pueda recuperar su ganancia, pero qué pasó con el pueblo que está sufriendo».
Andrade denunció que se siguen dando despidos de trabajadores en las empresas «con el falso mutuo acuerdo» como consecuencia de la pandemia, y resaltó que a la fecha «hay más de 87.000 trabajadores que no pudieron reingresar a sus puestos de trabajo».
El líder sindical explicó que la idea de entregar este pliego de peticiones es que en el Ejecutivo se constituya una comisión «para ver (la solución a) estos puntos con nosotros», y adelantó que se organiza otra marcha para el 28 de junio próximo para presionar por respuestas a las demandas.
Los grupos populares y sindicales demandan también una mayor inversión en el sector educativo que alcance el 6 % del Producto Interno Bruto (PIB), combatir a la corrupción y el clientelismo político, acabar con la inseguridad, y desistir de modificar el código laboral.
