BARAHONA.- Dos jóvenes de Camboya, en Barahona, aseguran que intentaron entregarse voluntariamente ante las autoridades, pero no fueron recibidos. Manuel Ezequiel y Yorbi Manuel Pérez Pérez expresaron que acudieron primero junto a sus familiares a la Fiscalía y posteriormente a la DICRIM, luego de que, según afirman, agentes policiales allanaran viviendas de sus parientes. Los jóvenes dicen desconocer exactamente de qué se les acusa y aseguran temer por su seguridad ante supuestas amenazas.
El caso llama la atención en medio de los recientes enfrentamientos con presuntos integrantes de bandas delictivas, tras los cuales otras personas señaladas por las autoridades han optado por entregarse voluntariamente. Los jóvenes niegan las acusaciones que los vincularían con robos, atracos y disparos desde un vehículo en movimiento. Según denunciaron, en la DICRIM tampoco se habría concretado la entrega porque supuestamente les reclamaban armas de fuego que ellos aseguran no tener.
Acompañados de familiares, abogados y representantes de la prensa, los jóvenes se presentaron inicialmente en la Fiscalía de Barahona con la intención de ponerse a disposición del Ministerio Público.
Conforme a preguntas de un periodista, citaron al procurador adjunto Ulises Guevara y a Wellington Espinal como las autoridades del Ministerio Público que, según su versión, se negaron a recibirlos. Dijeron que fueron sacados de la oficina.
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Según sus familiares y representantes legales, allí no fueron recibidos, por lo que decidieron trasladarse hasta la Dirección Central de Investigación (DICRIM) de la Policía Nacional para formalizar su entrega.
De acuerdo con la denuncia, en la DICRIM supuestamente no fueron recibidos porque llegaron sin las armas de fuego que las autoridades alegadamente les estarían exigiendo entregar.
Los jóvenes sostienen que no poseen dichas armas y niegan cualquier participación en el hecho investigado. Asimismo, piden que se investigue el caso y afirman estar dispuestos a “pagar por nuestro hecho, si tenemos algo pendiente”.
Ante la imposibilidad de concretar su entrega tanto en la Fiscalía como en la DICRIM, optaron por acudir a la Iglesia católica en busca de mediación.
Los jóvenes llegaron hasta la iglesia Cristo Rey, donde solicitaron la intervención de representantes religiosos para gestionar su presentación ante las autoridades y procurar garantías para su integridad física. Tampoco se logró el propósito, conforme a su relato.
Las versiones sobre las supuestas negativas a recibirlos y la presunta exigencia de entregar armas corresponden a lo denunciado por los jóvenes, sus familiares y representantes legales.
