Santo Domingo.– El expediente acusatorio de la Operación Calamar ha revelado detalles escalofriantes sobre una supuesta asociación criminal liderada por altos funcionarios del gobierno, incluyendo al exministro de Hacienda Donald Guerrero, el exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, y el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Gonzalo Castillo. Según el Ministerio Público, esta red criminal habría afectado gravemente el patrimonio de la República Dominicana a través de diversas actividades ilícitas.
El Ministerio Público identifica varias modalidades criminales empleadas por esta organización, entre ellas:
- Programa de Contratistas a través del Banco de Reservas: Se realizaron pagos ilícitos por un total de RD$20,904,831,250.65.
- Pagos ilícitos de expropiaciones y reconocimiento de deudas administrativas.
- Pagos ilícitos de deudas administrativas basadas en cubicaciones ficticias.
- El Programa o El Proyecto: Consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en bancas de lotería, deportivas y colmados con máquinas tragamonedas, coordinado por Donald Guerrero.
- Declaración jurada falseada para lavar activos provenientes de actos de corrupción.
Según la acusación, Donald Guerrero desempeñaba un papel crucial como el «máximo ejecutivo del crimen», liderando las actividades ilícitas con la colaboración de otros altos funcionarios. Se le atribuye la organización y ejecución de múltiples acciones delictivas que resultaron en la desviación de más de RD$41,185,964,839.76 del erario público.
El documento detalla que esta sofisticada red criminal comenzó sus operaciones en 2012 y creció significativamente a partir de 2016, cuando Guerrero fue nombrado Ministro de Hacienda. La acusación destaca que esta estructura criminal operaba con la eficiencia y complejidad de un holding empresarial legítimo, pero con el objetivo de perpetrar actos de corrupción a gran escala.
Una gráfica incluida en el expediente muestra que la estructura criminal realizó pagos ilícitos por concepto de expropiaciones y reconocimiento de deuda administrativa, ascendiendo a RD$20,281,133,589.11, y por líneas de crédito y contratistas del Estado a través del Banco de Reservas, totalizando RD$20,904,831,250.65.
La Operación Calamar, una de las investigaciones más significativas en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, sigue desarrollándose, y se espera que surjan más detalles a medida que avance el proceso judicial. La ciudadanía y diversas organizaciones civiles están atentas al desenlace de este caso, que podría marcar un precedente en la transparencia y justicia del país.
