LA VEGA.- Una garantía económica de RD$75,000 y otra de RD$20,000 fueron impuestas este martes por un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega contra un odontólogo y su hermano, quien fungía como asistente del especialista, ambos investigados por presuntas malas prácticas médicas e intrusismo profesional que habrían causado lesiones permanentes a una paciente.
La medida establece que Franklin José Almánzar deberá depositar RD$75,000 y William Almánzar RD$20,000 en el Banco Agrícola. Además, los imputados deberán cumplir con presentación periódica ante las autoridades judiciales mientras continúa el proceso de investigación.
De acuerdo con el expediente presentado por el Ministerio Público, Franklin José Almánzar presuntamente ejercía la odontología sin contar con exequátur, realizando procedimientos en el consultorio de su hermano William Almánzar, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la calle Duarte, de La Vega.
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Las autoridades investigan si las actuaciones atribuidas a ambos provocaron lesiones permanentes a una paciente, mientras el proceso continúa bajo la dirección del
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De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Franklin José Almánzar realizaba procedimientos odontológicos en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la calle Duarte de La Vega.
La procuradora de corte Aura Luz García Martínez, titular de la Fiscalía de La Vega, destacó que el tribunal encontró mérito en la acusación presentada por el órgano persecutor. Las medidas fueron impuestas por la jueza Adaías Sánchez Collado.
Los imputados fueron arrestados la pasada semana mediante orden judicial, luego de entregarse ante la Subdirección Regional de la Policía Nacional. Se les atribuyen cargos relacionados con el ejercicio ilegal de la odontología y complicidad.
Según el expediente, el 17 de enero de 2026 la víctima acudió al consultorio para someterse a la extracción de sus cuatro terceros molares, procedimiento que sería realizado por Franklin José Almánzar Escarramán.
Durante la intervención, el imputado le administró anestesia y posteriormente le informó que debía cortar el hueso debido a que sus dientes eran “de titanio”. La investigación establece que utilizó instrumentos odontológicos durante varias horas sin lograr completar la extracción.
Más adelante, la paciente continuó experimentando fuertes dolores e inflamación facial, por lo que buscó atención de otros especialistas. Las evaluaciones médicas posteriores determinaron que presentaba daños severos derivados del procedimiento.
Entre las secuelas permanentes documentadas figuran dolor microfacial, edema facial moderado, herida desgarrada, trismo, parestesia mandibular derecha, alveolitis ambulatoria y atrofia de nervios, conforme a una certificación médica emitida el 5 de febrero de 2026.
El Ministerio Público sostuvo que las actuaciones de los imputados, realizadas al margen de la Ley General de Salud (42-01) y de la Ley 63-18, que crea el Colegio Dominicano de Odontólogos, pudieron haber puesto en riesgo la vida de la paciente.
Como parte de las pesquisas, los investigadores obtuvieron una certificación del Ministerio de Salud Pública que establece que Franklin José Almánzar Escarramán no posee exequátur para ejercer la odontología.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a los artículos 265, 266 y 285 del Código Penal, así como a varios artículos de la Ley General de Salud. Las investigaciones continúan.
