Santo Domingo.- El juez Rigoberto Sena impuso prisión preventiva a siete de los imputados, considerados piezas clave en el caso cobra 2.0. Otros once cumplirán arresto domiciliario, mientras que seis deberán pagar garantía económica, tendrán impedimento de salida y deberán presentarse periódicamente ante las autoridades.
De su lado, dos quedaron en libertad sin medidas de coerción. Tras la decisión, el Ministerio Público calificó el fallo como razonable y destacó sus 706 medios de prueba.
SeNaSa 2.0 es la segunda fase de la investigación que lleva el Ministerio Público sobre un presunto entramado de corrupción alrededor del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Esta nueva etapa amplió las pesquisas iniciadas con la Operación Cobra, judicializada en diciembre de 2025.
En septiembre de 2026, la Pepca, dirigida por Mirna Ortiz, ejecutó nuevos allanamientos en distintos puntos del país y reportó la detención de médicos y otras personas. Según el Ministerio Público, esta fase busca determinar cómo empleados, exempleados, médicos y particulares habrían utilizado distintos mecanismos para obtener pagos presuntamente irregulares de SeNaSa.
Uno de los elementos señalados por la acusación es la supuesta realización de 4,363 autorizaciones fraudulentas, por un monto de RD$41.1 millones, mediante falsificación de firmas y documentos. En esta etapa, la Fiscalía solicitó prisión preventiva contra 25 imputados y que el proceso sea declarado complejo.
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La investigación está relacionada con el expediente principal contra el exdirector ejecutivo de SeNaSa Santiago Hazim y otros procesados. El Ministerio Público sostiene que el supuesto esquema habría utilizado contratos, facturaciones y otras operaciones para desviar recursos de la aseguradora estatal, mientras que las acusaciones deberán ser determinadas judicialmente.
