Informe revela Diosdado Cabello usaba a RD como punto para traficar drogas a Europa

SANTO DOMINGO, RD.- Organizaciones como Transparencia Internacional y Transparencia Venezuela denunciaron vínculos directos entre actores de alto nivel en Venezuela y redes de narcotráfico, utilizando a la República Dominicana como punto estratégico para traficar drogas hacia Europa.

Estas acusaciones han sido respaldadas por informes y reportes oficiales las cuales subrayan que el 18 de mayo de 2018, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó a Diosdado Cabello, actual ministro de Interior y Justicia de Venezuela, de organizar envíos de drogas que partían de Venezuela, pasaban por la República Dominicana y luego eran enviados a Europa.

Cabello, señalado también por su implicación en lavado de activos, narcotráfico y corrupción, es considerado uno de los actores principales en el desmantelamiento de la democracia venezolana y en las violaciones de derechos humanos en su país.

Estados Unidos ofrece desde 2020 una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de Cabello. Además de las sanciones impuestas por Estados Unidos, varios otros países han seguido el mismo camino debido a las múltiples acusaciones que enfrenta.

Sin embargo, la preocupación no solo radica en las actividades delictivas de Cabello, sino en la creciente influencia de los actores venezolanos en otras naciones, incluida la República Dominicana.

Transparencia Venezuela ha señalado a la República Dominicana como un país clave en el esquema de criminalidad y corrupción con origen en Venezuela.

A pesar de las inversiones masivas realizadas por ciudadanos venezolanos involucrados en casos de corrupción, y de las incautaciones de oro, drogas y redes de trata que han tenido lugar en territorio dominicano, las autoridades locales han avanzado poco en la persecución judicial de estos delitos.

De acuerdo con los informes, en la República Dominicana solo se han registrado tres investigaciones judiciales relacionadas con estas actividades criminales, lo que subraya una falta de acción contundente.

Uno de los casos más destacados en suelo dominicano es el relacionado con el Banco Peravia, en el cual se emitieron órdenes de arresto en 2015 contra banqueros venezolanos involucrados en fraudes millonarios.

Entre los acusados estaban José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray, este último ya condenado en Estados Unidos. Además, cinco ejecutivos del banco recibieron sentencias condenatorias en República Dominicana por fraude monetario. Sin embargo, el impacto de estos casos parece limitado frente a la magnitud de las actividades delictivas que siguen ocurriendo en la región.

Dos casos adicionales, de los cuales se desconoce su estatus actual, están relacionados con la comercialización ilegal de oro y el lavado de dinero.

Uno de los principales actores en estos delitos es Samark López Bello, un empresario venezolano investigado en Estados Unidos por su presunta participación en narcotráfico y lavado de activos. López Bello ha sido vinculado a casos de corrupción tanto en Venezuela como en Portugal, consolidando así una red que opera en múltiples países.

Durante el seminario «República Dominicana y Venezuela: Desafíos de la justicia y los ciudadanos contra la corrupción», organizado por el movimiento Participación Ciudadana y con la colaboración de la Fundación para el Debido Proceso (DPFL) y el Proyecto de Denuncia de la Corrupción del Crimen Organizado (OCCRP), se discutieron en detalle las implicaciones de la corrupción transnacional venezolana en la República Dominicana.

Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, hizo un enérgico llamado a las autoridades dominicanas para que presten más atención a los casos relacionados con la corrupción venezolana.

“En República Dominicana hay muchos indicios de irregularidades que tienen que ver con recursos venezolanos», señaló De Freitas, quien también destacó la necesidad de evitar que la impunidad que prevalece en Venezuela se extienda a otras naciones.

El seminario también abordó temas como el tráfico de drogas, la trata de personas y el lavado de dinero, problemáticas que se han visto agravadas por la colusión entre funcionarios locales y grupos criminales transnacionales.

Uno de los puntos clave que resultaron los participantes fue el papel de los facilitadores financieros, quienes, a través de la venta de anonimato y aprovechando vacíos legales en torno a la titularidad de empresas y fideicomisos, permiten que actores políticamente expuestos evadan controles contra el lavado de activos.

Un fenómeno global: La corrupción venezolana en el mundo

Las investigaciones llevadas a cabo por Transparencia Venezuela hasta agosto de 2023 revelan la magnitud global de la corrupción vinculada a Venezuela. Hasta esa fecha, se habían registrado 258 investigaciones en 29 países, siendo Estados Unidos el país con mayor número de casos procesados (60), seguido por Argentina (25), España (15) y Colombia (13).

Estos datos muestran la amplia red de corrupción y narcotráfico que se ha extendido más allá de las fronteras venezolanas, afectando a múltiples naciones y generando graves consecuencias para sus sistemas de justicia y economías.

Además, el informe de Transparencia Venezuela detalla cómo las economías ilícitas relacionadas con narcotráfico, explotación de minerales, contrabando de combustibles, extorsión y trata de personas generaron un estimado de 9,402 millones de dólares en 2022.

Para 2023, se estima que el incremento de estas rentas ilícitas alcanzó un 30 %, lo que eleva la cifra a 13,703 millones de dólares. Esta cantidad representa aproximadamente el 15.67 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela, una muestra de cómo estas actividades ilegales han sostenido parte de la economía venezolana en medio de su colapso institucional y financiero.

Durante el seminario, también se discutió la necesidad de reformar las leyes y normativas internacionales para evitar que los facilitadores de estas actividades delictivas, como los bancos y grandes corporaciones, sigan evadiendo sanciones severas.

«Es absurdo que los bancos más grandes del mundo, que han lavado miles de millones de dólares, solo enfrenten multas que terminan pagando sus clientes. Ninguno de sus responsables está en prisión», criticó José Ugaz, representante de Taskforce Venezuela.

Según Ugaz, es imprescindible endurecer las sanciones y mejorar la legislación para castigar efectivamente a quienes permiten la expansión de la corrupción transnacional.