Jean Alain pagaba asesores para sus aspiraciones presidenciales con dinero del Estado , según MP
Santo Domingo.- La fiscal litigante representante del Ministerio Público, Rosa Alba García, manifestó que lo leído en la jornada en la audiencia preliminar del caso Medusa se trató del alegado financiamiento de las aspiraciones presidenciales del exprocurador Jean Alain Rodríguez, principalmente de 2019 a 2020.
«Jean Alain Rodríguez desvió fondos de la Procuraduría General de la República al financiar de manera ilícita utilizando recursos del Estado el Movimiento Renovación que promovía sus aspiraciones presidenciales», argumentó la fiscal.
Agregó que él siempre tuvo la intención de postularse a la presidencia de la República desde que fue funcionario.
Manifestó que, con el dinero adquirido en sobornos por parte de proveedores de la Procuraduría, Rodríguez pagó un local del Movimiento Renovación, utilizando testaferros.
«También vimos cómo se contrataron los servicios de empresas mexicanas para el asesoramiento de la imagen presidencial del entonces Procurador General de la República», aseguró el Ministerio Público.
De igual forma, Rosa Alba García indica que en la parte leída este viernes se habló de un personal pagado por Jean Alain para atacar a periodistas y comunicadores sociales que se entendía eran contrarios a la imagen del exprocurador.
Supuestamente, la estructura exigía un 20 % como pago de soborno para poder conceder obras a la empresa que resultase adjudicada.
El Ministerio Público ha indicado que el exprocurador recibía por sobornos y extorsión cantidades millonarias, como son transacciones de 30 y 50 millones de pesos.
En la Operación Medusa, además de Rodríguez, el órgano acusador involucra a Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo.
Asimismo, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la exsubdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.
Los acusados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
De acuerdo con el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de seis mil millones de pesos.
El tribunal recesó la audiencia preliminar del caso Medusa hasta el próximo martes 11 de julio, a las 9:00 de la mañana.
