SANTO DOMINGO, RD- En momentos en que la sobrepoblación de las cárceles dominicanas sigue siendo un tema pendiente, la Defensoría Pública, el Colegio de Notarios y legisladores abogan para que no se judicialicen todos los casos para descongestionar el sistema.
Buscar una salida a la cantidad de casos preventivos que producen sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles del país, continúan siendo un desafío para el Estado Dominicano.
La Defensoría Pública revela que de los casos que fueron a juicio del 2023 a la fecha, superan los 13 mil actos de no a lugar y absoluciones, unos cinco mil por año.
La judicialización de casos en el país supera los 157, 500 en los últimos cinco años y esto representa además un gasto para el estado dominicano que aún es indeterminado.
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Aunque no existe una métrica de cuánto se gasta en un proceso, se debe considerar varios aspectos: Los aplazamientos de las audiencias, los desplazamientos de los abogados, de los defensores públicos, las visitas a las cárceles.
El material que se gasta en la fiscalía, en el tribunal y en la defensa publica y los abogados privados
Pero, además, aunque los gastos en los que incurren las víctimas no los asume el Estado, son bastante elevados
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Producto de las constantes medidas de coerción en las cárceles del país, más del 60 % corresponden a estos casos
Agilizar el proceso penal para disminuir la gran cantidad de casos pendientes.
En el código procesal penal que se está en proceso de modificación, está contemplada la no judicialización de todos los casos, así como utilizar otros tipos de medidas preventivas.
Esta tarde el Senado busca conocerlo en segunda lectura.
