Jueces ordenan juicio de fondo en caso de venta ilegal en Los Tres Brazos
Santo Domingo.- Los jueces de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional tomaron una decisión trascendental este miércoles al acoger un recurso de apelación presentado por el Ministerio Público contra el auto de «no ha lugar» dictado previamente a favor de Leoncio Almánzar y otros 16 acusados en el caso de la venta ilegal del sector Los Tres Brazos, ubicado en Santo Domingo Este.
La decisión de los jueces, Doris Pujols, Rafael Báez e Indhira Montás, implica la apertura inmediata de un juicio de fondo contra Leoncio Almánzar y varios coacusados, entre ellos Manuel Aybar Ferrando, Irving José Cruz Crespo, Juana Inés Gómez Williams, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, Lisetel González, y otros empleados y representantes de empresas involucradas en la trama.
El Ministerio Público había acusado a los implicados, incluyendo a varias sociedades comerciales, de enajenar propiedades del Estado dominicano y coaccionar a los residentes de Los Tres Brazos para que compraran los terrenos en los que llevaban décadas viviendo.
Aunque algunos acusados, como el agrimensor Hadonis Cruz Mella y la exregistradora de Títulos del Distrito Nacional, Rosabel Castillo Rolffot, obtuvieron un «no ha lugar», el auto de los jueces marca un paso importante en el proceso legal. La fecha de inicio del juicio de fondo está pendiente de ser fijada por la Corte.
La representante del Ministerio Público, Rosa Pichardo, destacó la decisión como un éxito y expresó que en la próxima etapa del juicio de fondo, presentarán pruebas contundentes contra los acusados.
Representantes de Los Tres Brazos, que constituyeron parte civil en el caso, consideraron la decisión de los jueces como una victoria y advirtieron que buscarán una condena definitiva para resarcir a las personas afectadas en la comunidad. Además, pidieron al gobierno que, una vez concluido el proceso, proceda a titular de forma definitiva Los Tres Brazos.
La presunta estafa, valorada en más de 90 millones de pesos, también acusa a los implicados de apoderarse ilegalmente de más de cuatro millones de metros cuadrados de Los Tres Brazos, en perjuicio del Estado dominicano y de miles de familias.
