ESTADOS UNIDOS.- Este lunes 7 de agosto, un juez federal de Estados Unidos desestimó la demanda por difamación presentada en junio por el expresidente Donald Trump contra la escritora Elisabeth Jean Carroll, a la que contraatacó judicialmente un mes después de que un jurado considerase probado que el magnate había abusado sexualmente de ella y ordenase el pago de 5 millones de dólares.
Trump argumentaba que la escritora le difamó cuando le acusó de violación durante unas declaraciones concedidas a la CNN un día después de la sentencia, pero el juez Lewis Kaplan afirmó que el antiguo mandatario no ha podido demostrar que estas acusaciones fueran falsas o al menos no “sustancialmente ciertas”.
De hecho, alude a la sentencia de mayo para recordar que Trump sí “violó” a Carroll, “aunque con los dedos en lugar de con su pene”; un matiz este último que sí se exige en Nueva York para emitir una condena por violación.De hecho, alude a la sentencia de mayo para recordar que Trump sí “violó” a Carroll, “aunque con los dedos en lugar de con su pene”; un matiz este último que sí se exige en Nueva York para emitir una condena por violación.
La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, celebró la resolución de este lunes, mientras que la representante de Trump, Alina Habba, confirmó que presentarán recurso, según informó CNN.
El expresidente tiene pendiente otro juicio por difamación a raíz de una denuncia presentada por la escritora en 2019 y que ha sido convocado en principio para enero de 2024.
Este caso añade un nuevo frente judicial a un Trump que, inmerso ya en la campaña para las primarias del Partido Republicano, tiene abiertos tres procesos por la vía penal.
Sin embargo, el magnate neoyorquino se mantiene como favorito en los sondeos para hacerse de nuevo con la candidatura presidencial, mientras tanto, denuncia una persecución judicial en su contra que en varias ocasiones ha llegado a describir como una “caza de brujas”.
Trump acusó de “corrupción” a fiscales
La respuesta del juez se dio luego de que el expresidente Trump asegurara que pedirá la recusación de la jueza Tanya S. Chutkan, que instruye el caso contra el mandatario por intentar revocar ilegalmente el resultado de las elecciones de 2020 y pedirá un cambio de juzgado al entender que no podrá tener un “juicio justo” en Washington D. C., donde tienen lugar los procedimientos.
“Es imposible que pueda tener un juicio justo, o algo mínimamente parecido, en Washington D. C.”, declaró el expresidente, que considera la capital del país como emblema de la burocracia y la violencia callejera a la que intentó oponerse durante su mandato, en varios mensajes publicados en su plataforma Truth Social.
“Por muchos motivos, pero el primero es que hay que pedir la apropiación federal de esta asquerosa ciudad, un nido de crimen que avergüenza a nuestra nación, donde los asesinatos han destrozado todos los récords históricos y los turistas se han marchado”, indicó Trump. Washington tiene ciertas competencias autonómicas respecto al resto del país, cabe recordar, siempre bajo la supervisión del Congreso de EE. UU., del que es sede.
A continuación, Trump se dirigió al equipo del “lunático” fiscal especial Jack Smith y su “muy corrupto Departamento de Injusticia” por presentar este caso “precisamente en mitad de una campaña electoral”, en referencia a su nueva candidatura a las elecciones presidenciales de 2024.
Finalmente, el expresidente cuestionó el sistema de elección al azar de la jueza Chutkan. “Es imposible que reciba un juicio justo con esta jueza que han ‘asignado’ para esta ridiculez de caso”, manifestó el expresidente. “Esto lo sabe todo el mundo, y ella también”, añadió.
En conclusión, Trump concluyó su mensaje anunciando que su equipo legal “pedirá inmediatamente la recusación de la jueza” por “motivos muy de peso”, así como un cambio de sede, sin dar más detalles.
El expresidente se enfrenta a una sentencia máxima de 20 años de prisión por conspirar para impedir que el Congreso certifique los resultados recogidos por las urnas y a una sentencia de diez años de prisión por conspirar contra el derecho al voto. Finalmente, el cuarto cargo conlleva una sentencia de 20 años de prisión por intento de obstruir la certificación de las papeletas.
