SANTO DOMINGO.- La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ha sido apoderada del expediente del caso Calamar, que implica a exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina.
El expediente fue remitido por el juzgado de Atención Permanente de esta jurisdicción, para el control de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público en contra de los imputados.
La jueza Padilla conocerá la revisión obligatoria de la medida de coerción dictada en contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero y el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, quienes se encuentran recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Hombres por su vinculación en el caso Calama.
Además, la magistrada atenderá el arresto domiciliario del excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.
La jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, ya había declarado el caso Calamar como complejo y fue quien impuso medidas de coerción contra los varios exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina.
Más sobre el caso
En cuanto al excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, se le impuso impedimento de salida del país y el pago de garantía económica de cuatro millones de pesos bajo la modalidad contrato.
Asimismo, la jueza dictó arresto domiciliario e impedimento de salida del país para el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, y una garantía económica de 5 millones de pesos bajo la modalidad de contrato e impedimento de salida del país sin autorización para Aldo Antonio Gerbasi Fernández.
Por su parte, Ángel Lockward deberá cumplir arresto domiciliario, presentación periódica, prohibición de salida del país, el pago de una garantía económica de 7 millones de pesos en efectivo. Claudio Silver Peña, cumplirá arresto domiciliario, el pago de una garantía económica y prohibición de salida del país.
En el caso de Alejandro Antonio Constanzo Sosa, se dictó arresto domiciliario, el pago de una garantía económica de un millón de pesos en efectivo e impedimento de salida. Roberto Santiago Moquete Ortiz cumplirá arresto domiciliario e impedimento de salida del país, mientras que Ana Linda Fernández Paola tendrá arresto domiciliario, con autorización para ir a todos los chequeos médicos debido a su estado de salud.
Finalmente, la jueza Romero impuso a Ramón David Hernández la presentación periódica los días 30 de cada mes, prohibición de salida del país y el pago de una garantía económica de un millón de pesos. A su esposa Yahaira Brito Encarnación, se le impuso la prohibición de salida del país y el pago de una garantía económica.
Es importante destacar que el caso Calamar se refiere a presuntos actos de corrupción durante la gestión del gobierno de Danilo Medina, y es considerado uno de los casos de mayor relevancia en el país.
