LIMA, PERÚ.- El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial del caso Lava Jato, pidió este jueves variar la orden de comparecencia con restricciones que se dictó contra la candidata peruana Keiko Fujimori por prisión preventiva en su contra por haber incumplido resoluciones judiciales.
En el documento que remite el fiscal al juez Víctor Zúñiga Urday, sostiene que la aspirante a la Presidencia por el partido Fuerza Popular incumplió las reglas jurídicas impuestas mientras se le investiga por un delito de lavado de activos, como la de comunicarse con testigos vinculados al caso de los presuntos aportes ilícitos a sus campañas de 2011 y 2016.
“Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales”, sostiene el texto.
En concreto, Pérez señala el ‘incumplimiento de la regla de conducta que obliga a no comunicarse con los testigos del proceso’ que investiga a Fujimori por supuestamente haber recibido dinero ilegal de la brasileña Odebrecht y otras empresas en sus anteriores campañas electorales.
El argumento del fiscal para probar este incumplimiento es la conferencia que celebró Fuerza Popular el pasado miércoles, en la que Fujimori en persona presenta a Torres, abogado, como vocero político del partido fujimorista.
El fiscal Pérez recuerda que Torres es testigo de la acusación fiscal y que declaró ante su despacho el 3 de septiembre de 2020 en una diligencia donde participó la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, por lo que advierte que la defensa de la acusada ya estaba al tanto de dicha información.
Sin embargo, Torres negó esta mañana en declaraciones ser testigo ‘del caso de aportes’ a las campañas de la hija y heredera política del expresidente encarcelado Alberto Fujimori (1990-2000).
En marzo pasado, tras más de cuatro años de pesquisas, Pérez pidió la apertura de un juicio oral y pidió una pena de 30 años y 10 meses de prisión contra la líder de Fuerza Popular por los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
De acuerdo con la investigación, la candidata habría ocultado, mediante una contabilidad ficticia, donaciones de grandes empresas, como 3,6 millones de dólares de Credicorp y un millón de la constructora brasileña Odebrecht para la financiación de sus campañas electorales.
Fujimori pasó en prisión preventiva más de un año (octubre 2018-noviembre 2019), logró salir pocos meses tras una apelación y luego volvió a regresar por otros cinco meses en 2020.