La “neurocientífica” Elizabeth Silverio participó en vistas públicas sobre autismo en el Senado
Santo Domingo.- Elizabeth Silverio Sillien, acusada por el Ministerio de Salud Pública de ejercer en el área de la salud con títulos falsos, participó en el Senado de la República en el análisis del Proyecto de Ley de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno de Espectro Autista. Allí, ante los senadores, Silverio se presentó como «neurocientífica infantil, estudiada (sic) en neurobiología, entre otras, y doctora en Educación».
Silverio es la propietaria del Centro de Terapia Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, establecimiento desde el cual hace unos días brindaba tratamientos a niños autistas sin portar la autorización de las autoridades, por lo que fue cerrado por el Ministerio de Salud Pública.
Dicho proyecto se aprobó el pasado 3 de mayo en dos lecturas en esa instancia y pasó a la Cámara de Diputados, donde ya se aprobó en primera lectura y está en espera de una aprobación en segunda lectura para convertirse en Ley.
Silverio estuvo presente en la vista pública de la Comisión Bicameral del proyecto de Ley del ( TEA) expediente 01525. Iniciativa propuesta por los senadores Franklin Rodríguez Garabitos y Dionis Sánchez Carrasco.
El Ministerio de Salud Pública presentará formalmente una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Salud, a más tardar el jueves, en contra de Silverio por ejercer actividades en el campo de la salud sin contar con el exequátur requerido por ley.
La información la confirmó Luis Tolentino, encargado de asuntos jurídicos de la entidad, quien afirmó que esta acción se debe a la violación del artículo 156 numeral 7 de la Ley de Salud 42-01, que prohíbe ejercer cualquier profesión en el ámbito de la salud sin el correspondiente exequátur.
El pasado domingo, el Ministerio de Salud Pública clausuró el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland. Asimismo, anunció que presentaría acciones legales contra su directora, Elizabeth Silverio Sillien, por violar la Ley General de Salud 42-01.
«Después del cierre, procedemos a continuar con la investigación, verificamos en nuestro sistema que no tenga exequátur y emitimos la certificación. Adjuntamos al expediente las pruebas recopiladas tanto de los medios de comunicación como del ministerio, y preparamos una querella que se presenta ante la Fiscalía de la Salud», afirmó Tolentino.
Además, señaló que también se investigarán a los colaboradores del centro de terapia infantil y que las consecuencias dependerán del grado de implicación en los hechos.
