SANTO DOMINGO.- Tras el incidente en el que un grupo de haitianos agredió a inspectores de la Dirección General de Migración (DGM), durante un operativo en Ciudad Juan Bosch, en la provincia Santo Domingo, legisladores exigen al gobierno apretar la tuerca con el control de indocumentados, antes de que se recrudezca la llamada invasión pasiva.
Unificado ha sido el repudio de congresistas del oficialismo y la oposición a la respuesta violenta de un grupo de haitianos cuando migración se disponía a verificar la legalidad de sus documentos.
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Para algunos la medición de fuerzas con las autoridades migratorias en el complejo de viviendas Ciudad Juan Bosch es una radiografía de lo que ocurrirá en todo el país con los migrantes haitianos indocumentados.
Según diputados del propio gobierno se ha desbordado el límite de ilegales en el país con el concurso de autoridades y militares.
Ante la situación que les genera alarma, los legisladores exigen además que se establezcan sanciones drásticas no solo para los empresarios que contratan mano de obra ilegal sino también para quienes rentan viviendas Violando la ley de Migración 285 /04.
A finales del año pasado el gobierno anunció una serie de medidas migratorias cuyos resultados aún no han dado frutos entre los que se incluye la obligatoriedad de regularización de la mano de obra en las empresas del país.
También se limitó el acceso de haitianos ilegales a recibir servicios en los hospitales y fue paralizado el programa especial de visados para estudiantes haitianos.
