Levantan temporalmente impedimento de salida a Gonzalo Castillo por temas médicos
Santo Domingo.- Las autoridades judiciales levantaron temporalmente el impedimento de salida del país al excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, permitiéndole viajar a Cleveland, Ohio, para recibir tratamiento por problemas cardiovasculares.
La decisión, tomada por mayoría de los magistrados Daniel Nolasco y Rafael Báez, con un voto disidente de la jueza Ramona Rodríguez, autoriza el viaje tras valorar el estado de salud de Castillo. El magistrado Nolasco, quien preside la Tercera Sala Penal, fue designado para encabezar el caso.
El recurso de apelación fue presentado por la defensa de Castillo, luego de que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazara inicialmente la solicitud de levantamiento del impedimento de salida. La abogada del exfuncionario, Laura Acosta, protagonizó un fuerte desacuerdo con el Ministerio Público durante la audiencia, lo que la llevó a retirarse del tribunal.
Los defensores de Castillo, entre ellos Nassef Perdomo y Luis Miguel Rivas, argumentaron que su cliente necesitaba recibir tratamiento médico especializado en EE.UU. y que había cumplido con todos los requerimientos judiciales del caso Calamar, por lo que no representaba un riesgo de fuga.
El Ministerio Público se opuso a la solicitud, alegando que el tratamiento podría realizarse en el país, pero el tribunal decidió a favor de Castillo, destacando su comportamiento ante las autoridades judiciales desde el inicio del proceso.
En diciembre de 2023, la jueza Patricia Padilla había levantado el arresto domiciliario impuesto a Castillo, aunque mantuvo el impedimento de salida del país y una garantía económica de 20 millones de pesos a través de una aseguradora.
El excandidato presidencial está vinculado al caso Calamar, donde el Ministerio Público señala la existencia de una presunta red criminal liderada por Donald Guerrero, la cual habría desviado más de 41 mil millones de pesos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos durante el gobierno de Danilo Medina.
